Haber nacido en el Tolima no significa que los tolimenses notables que ejercen cargos institucionales de importancia nacional, tengan la misma concepción y visión de la Vida, la Sociedad y el Estado. Al contrario, que tengan diferencias conceptuales y académicas resulta provechoso para el debate que profundiza el conocimiento en estos temas, tanto en la región como en el país.

Sin embargo -como bien lo ha analizado Augusto Trujillo en su tesis de la existencia de una “Escuela del Tolima”- los históricos prohombres tolimenses, con la excepción del tolimense desconocido más ilustre, o sea el expresidente Miguel Abadía Méndez (que se podría ubicar con todo respeto en la franja de la derecha colombiana), han pertenecido a una corriente política que desde siempre persisten en profundizar en la democratización de la Sociedad y el Estado, entre ellos, los expresidentes tolimenses Melo, Murillo Toro, López Pumarejo y Echandía. Así, podrá ser observado a la ligera el panorama histórico en cuanto a la posible orientación ideológica por preservar y rescatar en el ser tolimense.

Pues bien, digamos que los prohombres tolimenses de la actual coyuntura histórica, en este caso el Ministro de Justicia, el Fiscal General de la Nación y el Presidente de la Corte Constitucional, si bien es cierto parecen militar en la corriente conceptual de la “Escuela del Tolima” en relación con los objetivos teleológicos del Estado Social de Derecho, guardan diferencias en temas constitucionales y jurídicos de importancia nacional, que tratados en ambientes académicos ayudarán necesariamente en la consolidación de una verdadera cultura democrática en la nación. Sostienen algunos de ellos -hablamos de nuestro prohombres- que las reformas para avanzar en la paz deben realizarse a través de una nueva Constituyente, mientras otros afirman que con solo leyes y decretos podemos alcanzar ese objetivo. Se evidencian propuestas encontradas en relación con la Reforma a la Justicia. También existe diferencia en la evaluación de la eficiencia en materia penal del sistema inquisitivo y el sistema acusatorio, aunque parece existir consenso en la inutilidad de penalizar la protesta y el movimiento social. Y obvio, existen acuerdos, pero también enormes diferencias, en la forma de concebir integralmente la noción del posconflicto.

Las diferencias entre los prohombres tolimenses deberían ser tratadas en ambientes académicos, donde lo primero que se debe precisar es, exactamente, eso: cuáles son las diferencias conceptuales y jurídicas. Y avanzar civilizadamente es ese debate, entendiendo que mediante la discusión se avanza en la comprensión de los temas. Y que el hecho de ser tolimense, en ningún caso, significa unanimismo, en este caso ausencia de diferencias ni discrepancias en relación con una determinada concepción u opinión. Los tolimenses, podemos ser lentos (“acinesia echandiana” la denominaba León de Greiff), pero no bobos. Por eso la discusión civilizada es patrimonio del nuestra forma de ser tolimenses. Y es hora de empezarla, aquí y ahora.