Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra complot, de origen francés, tiene las siguientes acepciones: “Conjuración o conspiración de carácter político o social”; “confabulación entre dos o más personas contra otra u otras”; “trama, intriga”.
Complot es un término que se puso de moda en Colombia, y no propiamente por cuenta de los medios de comunicación, ni por haberse extendido como virus en las redes sociales, sino por declaraciones públicas de los más altos funcionarios del Estado y de dirigentes políticos. De complot se han quejado: un magistrado denunciado por cohecho; los miembros de un partido político cada vez que, respecto a alguno de ellos, se profiere un fallo condenatorio, se inicia una investigación, se dicta una medida de aseguramiento, se llama a una declaración o se compulsan copias en relación con distintos delitos; el asesor espiritual de una campaña presidencial; los militares llamados a proceso por falsos positivos o por otros delitos; de complot; una excontralora antes de su salida del territorio, huyendo de un proceso penal iniciado en su contra.
Todo aquel contra quien se formula una denuncia, en vez de exponer sus argumentos o de controvertir las pruebas que lo comprometen, comienza por decir que existe un complot orquestado por sus enemigos políticos, por el denunciante o por el funcionario que inicia la investigación.
El más reciente supuesto complot ha sido el alegado por el Procurador General, dirigido -según él- por el Presidente de la República en combinación, ni más ni menos, con las Farc, para sacarlo del cargo. Públicamente, el jefe del Ministerio Público aseguró tener pruebas acerca de que el Gobierno ha pretendido cooptar a los consejeros de Estado para que voten la nulidad de su reelección.
En carta al Presidente de esa corporación, publicada en la prensa, el Procurador manifestó: “(...) el afán político del presidente de la República no puede llegar al punto de pretender romper el Estado Derecho, someter a las cortes y violar el debido proceso, para sacudirse del ejercicio del control que le corresponde al Ministerio Público. Tengo la confianza de que los honorables consejeros de Estado actuarán con un solo criterio: el respeto a la Constitución, y no admitirán que el lobby gubernamental los afecte”.
Pese a esas últimas palabras, la verdad es que el solo hecho de denunciar ‘complots’ como los mencionados, involucrando a jueces, fiscales o magistrados, es de suyo una inconcebible falta de respeto a la administración de justicia; una sindicación contra ella. Significa poner en duda su imparcialidad y rectitud; y es una forma de inadmisible presión sobre quienes deben resolver, pues en el fondo, se está diciendo anticipadamente que si fallan en determinado sentido, prevarican. Una modalidad indebida de litigar en causa propia.
Lo del Procurador, además, ofende, irrespeta y desconoce la dignidad del Presidente de la República, todo indica que injustificadamente.
Comentarios