emergencia

 

Un vergonzoso “mico”

Desde el primer día de clase aprendimos los abogados que, en Derecho, “las cosas se deshacen como se hacen”. También se nos enseñó que en todo Estado de Derecho existe una jerarquía normativa, no todas las normas tienen el mismo nivel, unas están sometidas a otras. Por encima de todas está la Constitución Política, cuya supremacía, en una democracia, proviene del ejercicio del poder soberano, cuyo titular es el pueblo.

La prisión perpetua

Por sustituir la Constitución, la Corte Constitucional declaró inexequible el Acto Legislativo 1 de 2020, que eliminaba la prohibición de la cadena perpetua prevista en el artículo 34 de la Carta Política.

Sentido humanitario de la pena

La impunidad es terriblemente dañina en toda sociedad. El Derecho Penal, la legislación que prevé los hechos punibles y sus consecuencias, la administración de justicia pronta y efectiva, así como la sanción al delincuente, son elementos indispensables para la defensa social y para la preservación de un orden mínimo, sin el cual es imposible la convivencia.

Eutanasia y fallos-leyes

El control de la Corte Constitucional recae sobre normas, pero es una función de control, no de creación de normas.

Sobre el informe Cidh

Al referirse al reciente informe de la Cidh, el presidente Duque expresó: “Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”.

Inaceptable normalización

Cuanto ha venido ocurriendo en Colombia en los últimos meses, más que preocupante, es alarmante. Se han deteriorado la sensibilidad social y el respeto a la vida -el derecho básico, sin el cual los demás no tienen sentido ni posible realización-. Los crímenes se van convirtiendo en “normales” y se convive con ellos.

Desolador panorama

A nadie se oculta que el país afronta una de las peores crisis de orden institucional en muchos años. Es tan difícil la situación -caracterizada por la prolongación indefinida del paro, el imposible diálogo, el vandalismo, la violencia, los excesos policiales en el uso de las armas, los bloqueos, la participación de civiles armados disparando contra los manifestantes, las vacilaciones y la falta de control real por parte del Ejecutivo, entre otros factores- que han pasado a segundo o tercer plano -al menos en las prioridades oficiales y en los medios de comunicación- las preocupaciones ocasionadas por el Covid-19 en su momento de mayor gravedad (alrededor de quinientas muertes diarias, lo que resulta francamente aterrador).

El decreto incumplido

En los últimos tiempos ha hecho carrera la equivocada idea según la cual basta dictar una norma -bien sea constitucional, legal o administrativa- para que, por sí sola, al conjuro de su sola expedición, genere mágicos efectos reales, modifique hechos y situaciones, corrija conductas y produzca los resultados queridos por el órgano que la puso en vigencia. Como si no fuera menester su concreción en conductas.

Facultades limitadas

Como lo hemos expresado en anterior columna, el aumento de los impuestos y la creación de nuevas contribuciones carecen de justificación -inclusive y con mayor razón en tiempos de crisis- si el Estado no ha sido austero, prudente en el gasto, cuidadoso en la destinación de los recursos públicos; si ha despilfarrado en burocracia, en asuntos de menor importancia como la imagen presidencial y la propaganda oficial, o en la que hemos dado en llamar “mermelada”, que no es sino una forma de comprar apoyos y votos. Porque semejante conducta no es leal con los contribuyentes, ni se compadece, en estos días, con el papel que deberían jugar los gobernantes en una situación tan difícil como la que vivimos a raíz de la pandemia del coronavirus.

La desinformación tributaria

Cuanto ha venido ocurriendo en relación con el desconocido proyecto de ley mediante el cual se quiere introducir una nueva reforma tributaria -no importa cómo se lo denomine, sino lo que contenga- muestra una gran improvisación que, además de los perjuicios propiamente fiscales, ya, en la práctica, se está vulnerando el derecho de los ciudadanos a una información fidedigna, clara y completa que les permita conocer, evaluar y controvertir lo que se propondrá al Congreso.