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Y es que cada vez la responsabilidad del Ejército en estos hechos es mas clara y evidente. No se trata de simples soldados analfabetos los que cometieron los crímenes como alguna vez lo manifestó el General Montoya, sino que ahora, como en la audiencia realizada por la JEP la semana anterior, donde se presentaba lo sucedido en Casanare, altos oficiales como el General (r) Torres Escalante, reconocieron estos crímenes y además se calificó como “el líder de una organización criminal”.
Los hechos son tozudos. Esto que sucedió en Casanare ya se había confesado en otras regiones azotadas por la confrontación armada como el Caribe, Norte de Santander y Dabeiba en el departamento de Antioquia. Es cada vez más evidente, como dicen prestigiosos penalistas que existió un patrón criminal común. Estos asesinatos se constituyeron en una política en el tiempo de la seguridad democrática. Como se ha confesado por los militares, se premiaban las bajas, por encima de las capturas.
Con nombre propio han señalado a un General como el artífice de la presión para que en las unidades militares se presentaran estas bajas, incluidos departamentos del país donde no se habían enfrentamientos con fuerzas irregulares. Se generaron estímulos e incentivos para que se mostrara a jóvenes de los sectores populares que eran asesinados para ser reportados como muertos en combate. Macabro y delirante.
La cereza del pastel era que los autores de esos crímenes eran premiados y condecorados. Avanzaban en su carrera militar, mientras que los oficiales que no actuaban de esta manera criminal eran marginados de esta posibilidad. Premiaban el horror y castigaban el honor. El resultado según la justicia: 6.402 muertos por los “falsos positivos”.
A estas alturas conviene recordar que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP. Pueden ser comparecientes en la JEP aquellas personas naturales, nacionales o extranjeras que hayan cometido o que presuntamente hayan participado en conductas delictivas en relación directa o indirecta con el conflicto armado“.
Los hechos y audiencias de la JEP han estremecido el país y se constituyen en un aporte a la verdad y la reparación. Es doloroso escuchar estos testimonios pero es necesario avanzar en la justicia, la no repetición y sobre todo la reconciliación entre los colombianos. Falta camino por recorrer pero la JEP avanza por la senda por la que se debe transitar.
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