Indignada por el contrato 1043 de 2020 del Ministerio de las TIC

No hay derecho, Colombia sigue siendo reconocida por la paquidermia, falta de rigor en los requisitos y seguimiento a los contratos que celebra el Estado con particulares; también por la indiferencia ante la pérdida de recursos, que sumerge cada día más en condiciones indignas de disponibilidad especialmente a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables entre ellos, los nacidos en las zonas rurales, a quienes discrimina la pobreza monetaria que amplía la brecha de inequidad y somete a la exclusión en su educación al mayor porcentaje de menores de edad que deberían hacer parte del sistema escolar.
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La mala noticia que ya ha ocupado buen espacio a través de los medios de comunicación, se refiere al contrato 1043 de 2020, que el Ministerio de  las Tecnologías de la Información y la Comunicación, adjudicó finalizando el año 2020, por un valor de 2.1 billones de pesos, para conectar centros digitales en los 32 departamentos de Colombia y como destinación específica, las zonas rurales, sin que ocho meses después se haya ejecutado, por lo cual, se declara la caducidad sobre el contrato.

Entonces, se espera que se defienda hasta el último peso del Estado ante un contrato que presuntamente no cuenta con las garantías bancarias, debido a la falsificación de las firmas y que en consecuencia la ley caiga sobre los corruptos y se respeten los recursos destinados a la disponibilidad de internet durante 11 años.

No aceptamos que el país  se quede contando la historia de lo que fue un buen propósito y menos  que se  repita una vez más la pérdida de los dineros públicos en bolsillos de individuos que esfuman las posibilidades y sueños de quienes se tipifican de especial protección en Colombia, como lo son los menores de edad de las zonas rurales, en este caso.

La Unión Temporal Centros Poblados y la firma ICM, no cuentan con las condiciones éticas ni morales, mucho menos profesionales, para que continúen llevando a cabo el desarrollo de otros contratos que celebraron con el Estado. Por lo tanto, es urgente que se haga la revisión y debido proceso de manera que devuelvan todos los anticipos que se les haya otorgado, a fin de que se aparten  de cualquier posibilidad y sean investigados por los entes de control que tienen  la potestad y no aparezcan excusas que producen sospecha cuando de recuperar dineros públicos se trata.

¿Hasta cuándo se podrá contratar correctamente, haciendo gala al principio de calidad japonés: “hacer las cosas bien desde el primer momento”? ¿Quién tendrá que velar por la transparencia plena en la contratación?; la falta de competitividad a nivel nacional nos lleva a la pérdida de dinero, tiempo y cumplimiento de los deberes en cuanto al respeto de los derechos, en este caso para una zona que requiere recursos y disponibilidad para superar las falencias en una época atípica que exige conectividad.

Desde los medios de comunicación, haremos seguimiento a este tema y seremos la voz de la ciudadanía.

INDIRA ORFA TATIANA ROJAS OVIEDO
Correo
tatianarojasoviedo34@gmail.com

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