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Inexequibilidad de un sueño

Me sentí desolado al escuchar la noticia. La Corte Constitucional de Colombia tumbó la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y adolescentes de hasta 14 años. La declaró inexequible.
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Mi tristeza partía del recuerdo de ser testigo de la titánica lucha de Gilma Jiménez por cambiar el Artículo 34 de nuestra Constitución: “Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación”. Ella, buscaba prisión perpetua para los responsables de los más bajos ataques a los niños, para que no volvieran a tener la más mínima oportunidad de arrebatarles su inocencia. Como concejala de Bogotá promovió los ‘Muros de la infamia’, gigantescas vallas con las fotos de condenados por abusos sexuales a menores. Perdió muchas batallas, pero jamás se cansó, jamás dio su brazo a torcer. Los ‘Muros de la infamia’, aprobados por el Concejo capitalino y ratificados en mayo de 2007, por el entonces alcalde Luis Eduardo Garzón, fueron retirados meses más tarde tras otro fallo de la Corte Constitucional. Fue tanto el empeño que tuvo Gilma, desde el Concejo y el Senado, que antes de morir en 2013 sin cumplir su anhelo de que estos violadores y asesinos purguen cárcel de por vida, le heredó a su hija Yohana Jiménez la tenacidad para que siguiera su lucha. Todos los que creemos en esta causa perdimos esta nueva batalla. 

Quitando el apasionamiento que me genera el tema, es fácil comprender los argumentos de la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, en los que establece que el proyecto de cadena perpetua no cumplió el trámite requerido para modificar la Constitución, afectaría gravemente la dignidad humana e impactaría negativamente al sistema carcelario colombiano. Las razones van más lejos ya que de implementarse, no cumpliría con la resocialización, papel fundamental de cualquier prisión. Me pregunto, ¿las cárceles de Colombia resocializan a un recluso? No creo. Más bien sacan a flote lo peor del ser humano y tras estos muros y barrotes se edifica una verdadera escuela del delito en su más baja expresión. 

Actualmente la máxima sanción en Colombia contra una persona que asesine a un infante alcanza los 60 años de prisión. Con las rebajas de ley significa que, el condenado, pasará décadas tras las rejas, lo suficiente para proteger a los más pequeños y vulnerables de nuestra sociedad. Yo, sigo creyendo en la Corte Constitucional y en su sabiduría para, desde la ley, equilibrar la pasión de nuestras discusiones.

Lo grave de todo esto es que la impunidad que ronda al crimen se siente con mayor intensidad en los vejámenes a los que someten a nuestros niños. Más allá de algunos casos mediáticos, como Luis Alfredo Garavito o Rafael Uribe Noguera, los delincuentes que degradan nuestros valores con estas barbaridades siguen campantes teniendo como blanco a cualquier niño que pase frente a ellos. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la impunidad por abuso sexual contra menores supera el 90%. Escandaloso.

El debate está sobre la mesa, pero debe ser mucho más amplio. Más allá de abusos sexuales y asesinatos, los niños son victimizados de todas las formas posibles. Basta mirar los que piden monedas en los semáforos, los que son explotados laboralmente, los que son reclutados por grupos ilegales, los que comen carne de caballo en algunas escuelas, los que mueren por inanición en diversas regiones, los que no reciben atención médica, los que no tienen acceso a la educación. La lista es larga y solo nos rasgamos las vestiduras algunas veces. Por lo general, desviamos la mirada como si esa cruda realidad no fuera con todos nosotros.

Por ahora, ya que no podemos cambiar las leyes, al menos hagamos cumplir las que tenemos. ¡Es lo mínimo!

JUAN CARLOS AGUIAR

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