La ratificación de instrumentos como la extinción de dominio y la expropiación discrecional y sumaria de tierras, no ya como una propuesta de política pública sino como un compromiso con las Farc, genera dudas sobre el pulso final entre Gobierno y guerrilla, de cara al derecho a la propiedad privada legítimamente adquirida. Un precepto constitucional, que el gobierno se ha comprometido a respetar, pero sobre el cual no advierte una palabra el documento. 

Y, por supuesto, está de por medio la solución a los baldíos, que deja al gobierno en posición incómoda ante los “nuevos concentradores de tierra”, unos ilegales y otros legales.

Sorprende el ánimo expropiatorio sobre la propiedad legal. No fue la información que recibimos los ganaderos en la Junta de Fedegán, a la que asistieron los negociadores del gobierno. El Fondo de Tierras, como instrumento central del acuerdo, busca “...desconcentrar y promover una distribución equitativa de la tierra”. Es decir, quitarla a quienes tienen “mucha” –así sea legal y con base en algún parámetro arbitrario– para entregarla a quienes no tienen. 

Para ello, además de la extinción judicial del dominio y la recuperación de baldíos, “…se fortalecerá (…) la aplicación de otros procesos contemplados en la legislación como la extinción administrativa de dominio para tierras inexplotadas que incumplan la función social y ecológica de la propiedad, de la adquisición de tierras o la expropiación con indemnización por motivos de interés social o de utilidad pública…”.

Ahí están las encrucijadas. La primera tiene que ver con el nivel de concentración de la tierra que se requiere, para generar escalas competitivas para la producción agroalimentaria y de biocombustibles; frente a los niveles de desconcentración para fomentar la producción campesina y el modo de vida rural, todo ello en un entorno de globalización. 

La segunda se relaciona con la solución al “tierrero” de los baldíos, que surgió gracias a la combinación de normatividad confusa, mensajes de promoción a la inversión que no calzaban con la legislación y la proclividad de hacerle el “esquince a Ley”, en un ambiente de fragilidad institucional que reproduce la corrupción.

La solución no debería representar una encrucijada, si no mediaran dos factores. Los graves efectos socio-económicos de nulidad sobre los actos de adjudicación de baldíos de la Nación. Entre ellos, la pérdida de inversiones, demandas, desbandada del capital privado y hasta consecuencias políticas, por los vasos comunicantes entre los grupos económicos y la política.