La incómoda situación a que fue sometida la SAC en la Casa de Nariño es solo otra muestra del cariz que han tomado las relaciones entre el Gobierno y los gremios de la producción agropecuaria, que yo definiría, parafraseando una conocida canción popular, como de “distancia cada día más grande”. No me detengo en lo anecdótico de los regaños y las disculpas, porque no es lo importante y para no inmiscuirme en el fuero interno de una organización centenaria como la SAC, que me merece el más profundo respeto.

Lo preocupante es el distanciamiento forzado -marginamiento- cuando los gremios no coincidimos con las posiciones gubernamentales en temas tan sensibles como las negociaciones con las Farc. El nuestro empezó cuando advertimos de los peligros que el TLC con la UE entrañaba para el renglón lechero; continuó cuando, ya firmado el tratado, alertamos sobre la falta de controles al ingreso de los contingentes aprobados; y se hizo crítico cuando, en una decisión autónoma, pública, argumentada y respetuosa, Fedegán decidió no participar en el Foro Agrario para aportar a las negociaciones de La Habana, en el primer punto sobre tierras y desarrollo rural.

Esa posición vertical nos ha valido calificativos de toda índole por parte de funcionarios públicos, pero eso no importa. Lo que verdaderamente preocupa es la actitud retaliatoria que hemos sentido en la que, hasta entonces, había sido una relación fluida y productiva en proyectos conjuntos en beneficio de la ganadería. En sus declaraciones iniciales, el Presidente de la SAC pretendía solamente hacer uso del legítimo derecho de todo líder gremial a reclamar por lo que considera incumplimientos del Gobierno, y a tener dudas y poder expresarlas libremente ante el gobernante. Cuando estas opciones se cierran, cuando no se pueden tener dudas y no hay posibilidad para el disenso, ya sea sobre las negociaciones de La Habana o sobre cualquier política pública, entonces la democracia liberal de la que nos preciamos empieza a tomar caminos inesperados pero ya conocidos en el vecindario. Y eso es muy preocupante.

Es preocupante que se insista en que no se negoció el modelo de desarrollo económico, sino apenas el modelo de desarrollo rural, porque si el Gobierno no considera a la economía rural como parte integral de la economía nacional, entonces sí “apague y vámonos”. Preocupa la ausencia de los productores rurales en la mesa donde el Gobierno negoció con las Farc las reglas de juego que los han de regir; como es preocupante el desconocimiento de lo negociado, más allá de las generalidades del ‘Primer Informe Conjunto’, en el que ya se adivina la orientación de las “salvedades pendientes” sobre la tenencia de la tierra, la reforma agraria expropiatoria y la producción empresarial de gran escala, fundamental en un entorno de globalización.

Lo preocupante es la inseguridad jurídica que se deriva de esas salvedades, y de la indefinición sobre los baldíos de la Nación y el desarrollo de la Orinoquía. Cuando hay inseguridad jurídica -como cuando la hay física-, la inversión se ahuyenta, el desarrollo se detiene y se aumenta la pobreza con todas sus consecuencias.

Lo preocupante es un Pacto Nacional Agrario donde no estemos todos.