Desde enero, cuando entró en vigencia la Ley de Víctimas, el tema de la propiedad rural eclipsó el debate nacional y destapó un polvorín, que apenas empezamos a percibir.
El desarrollo rural y ambiental del país está afincado, en buena medida, en la forma como se resuelvan las tensiones sobre el uso del suelo y el subsuelo.
La lectura, que al menos el 60 por ciento de los colombianos ha elaborado, sobre el proceso que se libró en la mal llamada zona de distensión, dista sustancialmente de la visión que presentaron los analistas de las universidades de Georgetown, Los Andes y el Cinep.
Las transformaciones en la producción ganadera mundial han sido extraordinarias. Con el acelerado crecimiento de la demanda, afloraron innovaciones que le han dado la vuelta a los factores productivos y reproductivos y al propio mapa de la oferta global de sus derivados.
El balance de la reciente ola aperturista, que comprometió a casi todos los países del hemisferio occidental, no pudo ser más gravoso para el sector pecuario.
En días pasados asistí a un debate radial en Hora 20 sobre la prohibición de las corridas de toros. Al terminar el programa había recibido una embestida de “trinos”, un insulto a la decencia por la agresiva vulgaridad,
No es la primera vez que Human Rights Watch (HRW) despliega su desconcertante discurso en defensa de los derechos humanos con un doble y amoral rasero y un reduccionismo argumentativo, que evidencia su animadversión por la institución castrense.
La declaración del presidente Santos, después de la directa sindicación proferida por el Director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, es el primer intento honesto para determinar la contrarreforma agraria que libró las Farc en el país.
Hablar de “desarmar a la sociedad” en un país como Colombia, con un conflicto armado que cobra décadas y una evidente connivencia entre grupos criminales, terroristas y narcotraficantes, no puede ser un tema que se trate con ligereza.