Quienes quisiéramos que cada nuevo día nos trajera buenas nuevas de La Habana hemos tenido que compartir ese deseo con el sinsabor de escucharle al Presidente sus apuros a la insurgencia para que firme la paz.

¿Será que una guerrilla conformada por campesinos expulsados de sus parcelas por gamonales que querían expandir sus latifundios puede firmar la paz sin que haya acuerdos serios sobre tenencia de la tierra, desarrollo agrícola, garantías para la comercialización, etcétera?

¿Será que una guerrilla que algún día quiso dejar las armas para ofrecerse como alternativa legal a la política del régimen, creando para ello a la Unión Patriótica, puede firmar la paz sin que se le den garantías suficientes de que la masacre a que fue sometida con sus aliados de la UP no se repita?

Los anteriores son solo los dos aspectos sobre los cuales ha habido acuerdo en La Habana y para los cuales se requirió de un año de discusiones.

¿Será que el Gobierno que le dijo sí a lo finalmente acordado no pudo atender de manera más pronta tales requerimientos para que el acuerdo demorara menos?

Pues es cuestión de método. Esas largas que el Gobierno les da a las guerrillas son las mismas que les está aplicando a los campesinos que dirigieran el pasado paro de 28 días y que se reúnen con él desde el pasado 18 de septiembre.

Para adelantar esas negociaciones, el Gobierno les propuso a los campesinos que si suspendían los bloqueos de las vías que conmocionaban 28 departamentos, él constituiría una comisión negociadora de alto nivel.

La comisión se constituyó, pero solo fue de alto nivel para darles inicio a las conversaciones en Popayán. A partir de allí, ese nivel ha venido quedando en manos cada vez menos decisorias, llegando al punto de que a la última reunión, que estaba prevista para Ibagué el pasado 28 de noviembre, no compareció ningún miembro.

El país debe estar advertido. Los incumplimientos del Gobierno, que afectan también a sectores tan vitales como el de la salud, pueden ocasionar un nuevo paro de magnitudes iguales, o incluso superiores, al anterior, y con perjuicios institucionales más graves aún, por realizarse en pleno período electoral.

La culpa no será entonces de los campesinos; tampoco de los trabajadores de la salud, ni de ninguno de los otros muchos sectores que se sienten agobiados por unas políticas que vienen haciendo de Colombia un país cada vez más desigual.

Los culpables debemos buscarlos entre los padrinos de nuestra clase política oligárquica, a la cual se le avecina un importante castigo en las urnas. La Unión Patriótica se está preparando para ello.