El caso de Petro y el Procurador es apenas uno de los tantos que tenemos que sufrir como país que no ha logrado llegar aún a la plena madurez, pero lo suficientemente interesante como para merecer los litros de tinta (y de babas) que en torno a él se han derramado.

Petro quiso sustraer la recolección de los desechos sólidos del oligopolio del gran capital, pero estos usufructuarios se dieron todas las mañas necesarias para impedirlo. Petro dictó un decreto para lograrlo y los oligopolios respondieron con el boicot a la recolección de las basuras (que por fortuna solo les duró tres días).

No contentos con ello, instauraron denuncias ante la Procuraduría, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Rama Judicial, buscando la derogatoria de la medida a través de la intimidación a su autor o, en su defecto, de decisiones disciplinarias y legales proferidas por los funcionarios que creyeron afectos a sus malsanos intereses.

Todo les salió muy bien con monseñor Ordóñez, quien les puso la Procuraduría a su servicio, sin importar que para hacerlo tuviera que extender sus potestades disciplinarias más allá de los linderos que por ellas se entiende, llegando incluso a sancionar la orientación política que válidamente tiene derecho a imprimirle a su administración cualquier funcionario que haya sido elegido por el voto popular.

Por su parte, la Superintendencia, consecuente con su propósito de favorecimiento al gran capital y no al bienestar de los usuarios y consumidores como debería ser, se puso también del lado de los oligopolios al considerar que la participación del Distrito en la recolección de los desechos sólidos era violatorio de la libre competencia. Es decir, que para que haya libre competencia, curiosamente se hace indispensable que el conjunto de la sociedad se niegue a ejercerla a través del Estado, y en este caso a través del Distrito, que supuestamente es su más legítimo representante.

Por fortuna, no todo en nuestro país huele a azufre. Una valerosa mujer que hoy está a la cabeza del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá, asumiendo con probidad la función que juró cumplir en nombre de la República y con arreglo a la Constitución y la Ley, entendió que el mandato constitucional que obliga al Estado a prestar los servicios públicos “por sí mismo o por interpuesta persona” era un aval suficiente para reconocerle plena juridicidad el decreto de Petro.

Este fallo seguramente está siendo objeto de mil apelaciones, de las cuales no es seguro esperar con certeza ninguna confirmación, pues bien sabemos cómo anda la justicia, pero al menos la voz de la funcionaria que lo profirió ofrece un airecito refrescante.