Tan trascendentales son los acuerdos de La Habana que dura la va a tener el Gobierno para cumplirlos. Y si consideramos que lo que se quiso con las conversaciones no solo fue ponerle fin al conflicto armado sino darle inicio a la construcción de una paz estable y duradera, la tarea adquiere una dimensión mayor. Debe responder a muchos otros problemas que, de no solucionarse, pueden desencadenar una nueva etapa de violencia.
Uno de estos es el desempleo. Según datos del Dane, la tasa nacional de desempleo en el trimestre móvil febrero – abril fue del 9.7 por ciento, la cual pareciera no ser demasiado alta en un momento recesivo como el presente. Sin embargo, si a ella sumamos el subempleo, ese modesto 9.7 se transforma en un dramático 52.37 por ciento, y esto sin contar con que el Dane considera ocupado a quien haya trabajado al menos una hora en la semana base de su estudio.
La Reforma Rural Integral acordada en La Habana contiene importantes mecanismos que, aplicados debidamente, podrían contribuir a disminuir el problema. Tal es el caso de lo relacionado con acceso a la tierra, con créditos subsidiados, asistencia técnica, riego, infraestructura y comercialización, además de adecuados servicios de salud, vivienda, educación y conectividad, entre otros.
Estas medidas, acompañadas de la formalización de la propiedad de muchos predios, de la restitución de muchos otros y de la redistribución equitativa de la tierra, generarían el retorno al campo de esa gran masa de campesinos que fueron expulsados de él, elevarían la producción de alimentos, reducirían sus costos, aligerarían su peso sobre el presupuesto familiar y se desaceleraría el crecimiento de la tasa global de participación.
Pero nada de lo anterior es posible sin que a la par se resuelvan flagelos tan graves como la corrupción y el paramilitarismo. Según cálculos optimistas, la corrupción incrementa en un 10 por ciento el costo de casi todas las contrataciones del Estado, sin contar con los gastos, a la postre inútiles, en que incurre el mismo Estado para controlarla.
Y con respecto al paramilitarismo, este sigue mondo y lirondo sentando sus reales donde quiera que se den manifestaciones de cambio positivo a las actuales condiciones de vida de los colombianos. El último ejemplo lo vivimos en la ciudad de Ibagué, donde las Águilas Negras amenazaron a la dirigencia de Marcha Patriótica por desarrollar lo que debe ser tarea de todos: pedagogía para la paz.
Estos son retos ante los cuales el Estado tiene que fajarse a fondo, así como las comunidades, sin cuya participación puede quedar en letra muerta todo lo que se acuerde en La Habana.
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