Nadie espera nada distinto: lo que vendrá después de que los diálogos de La Habana encuentren satisfactorio fin será la continuación de la oposición de las Farc al actual sistema político y económico. No será de otra manera. Con todo lo importantes que son los compromisos alcanzados en la Mesa de Conversaciones, allí no quedarán reflejadas todas las aspiraciones por las que esta organización ha entregado la vida de tantos de sus miembros, y ni riesgos que renuncien a esas que faltan.
Dicho en otros términos, las Farc continuarán comprometidas en su objetivo final de lograr la más radical transformación económica, política y social del país, solo que ahora ya no a través de las armas, sino mediante la movilización de masas, y siempre con arreglo a las disposiciones legales, a las cuales buscarán depurar de todas las limitaciones y talanqueras que han hecho de nuestro actual sistema político una caricatura de democracia.
Una de esas limitaciones está relacionada con el Estatuto de la Oposición. Su expedición la ordenó el artículo 112 de la Constitución Nacional, pero hasta hoy no se observen ni atisbos de voluntad orientados a cumplir con ese mandato. En esto hay una explicación. Si las oligarquías le han hecho el quite a esa obligación es por no tener que garantizarle a la franja de la real oposición el acceso a la información y a la documentación oficiales; a los medios de comunicación; al derecho a réplica a través de los mismos medios; a la renovación del régimen electoral y a varios aspectos más, que son indispensables para nivelar las posibilidades de llegada de otros propósitos políticos a los centros duros del poder.
Una consideración que jamás se hicieron estas oligarquías es que alguna vez tuvieran que verse sometidas a enfrentamientos intestinos como el que hoy viven, que las obliga a tomar partido a favor de los acuerdos de paz o a perseverar en la guerra, y del cual están aprendiendo que el poder no es eterno, y que quienes hoy están en el Gobierno, mañana pueden estar en la orilla de la oposición.
Ante semejante enseñanza, lo mejor que pueden hacer esas oligarquías es aprovechar su poder para expedir un estatuto que brinde condiciones suficientes para que los actores políticos puedan ejercer la oposición cuando les toque. Esta es una necesidad de primerísimo orden, a cuya satisfacción debe vincularse el pensamiento democrático a través de las exigencias y movilizaciones que sean del caso, pues sin tal herramienta será muy difícil implementar la paz y evitar el retorno a nuevas formas de intolerancia que puedan degenerar en otros 50 años de guerra.
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