El grave problema financiero de la universidad pública adquiere mayor significado cuando se miran sus repercusiones sobre aspectos de los cuales la sociedad tendría derecho a reclamar resultados excelentes si no eligiera lo que elige.
La calidad de sus egresados y la producción científica, artística y cultural son inherentes a esa condición de centro de pensamiento que es y que tan cara debe serle a toda sociedad, y más a la nuestra, que no ha logrado ponerse a la altura de los requerimientos de un mundo que cada vez exige más saber como condición para que se pueda alcanzar, así sea un atisbo, de desarrollo autónomo.
Esos son propósitos en los que nuestras universidades públicas, con dos o tres excepciones, difícilmente pueden ofrecer buenos resultados, pues nunca han recibido recursos suficientes para que su infraestructura guarde relación adecuada con sus necesidades, para que la dotación de sus laboratorios esté acorde con los avances de los tiempos que corren y para que la remuneración y estabilidad de sus docentes, científicos y personal de apoyo incentiven su óptimo desempeño.
El problema se agrava cuando partes importantes de su escaso presupuesto le son desviados hacia programas que no corresponden a su misión. De la última cosecha son los apoyos supuestamente orientados a favorecer a estudiantes “pilos”, que en la práctica han demostrado ser un mecanismo de contribución estatal a la financiación de las universidades privadas, que son en la práctica los centros de educación superior de las élites y un nicho más de su explotación mercantil.
Motivos como los anteriores, especialmente los financieros, han sido el trasfondo de todas las movilizaciones realizadas por los estudiantes universitarios, aunque también por los de secundaria. Son estas las mismas que tuvieron las vigorosas marchas del 10 de octubre, ante la cual no pudo ser más desafortunada la respuesta del Gobierno. Si bien no impartió garrote, como ha sido lo tradicional, tampoco asumió el compromiso de ponerle fin a tantas penurias económicas, pues ello implicaría romper con el modelo neoliberal, especialmente con el precepto de que el Estado no debe intervenir en lo que pueda hacer la empresa privada y que, en consecuencia, debe marchitar las instituciones públicas que le hagan sombra a tal principio.
De esta forma van quedando al desnudo las verdaderas intenciones del presidente Duque, quien en campaña prometió garantizar educación superior gratuita a los aspirantes de los estratos Uno, Dos y Tres, para salir ahora con un chorro de babas de 500 pesos, las mismas con las que saldrá en otros programas que, al final de su campaña, le copió a Gustavo Petro al verlo tan arrollador en plaza pública.
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