Este 25 de abril, Colombia parará. Así lo determinaron sus organizaciones sociales más representativas, de las cuales hacen parte las centrales obreras, las organizaciones indígenas y campesinas, el movimiento estudiantil y profesoral, los pensionados y comunales, los partidos, movimientos y convergencias políticas democráticas y, en general, la Colombia más afectada por las políticas gubernamentales, que es prácticamente toda, y lo seguirá siendo si no supera la condición subalterna que siempre ha tenido respecto de una oligarquía que la mantiene sometida a sus intereses, bien mediante el engaño, bien mediante criminal represión.
Uno de los motivos del paro está relacionado con el Plan de Desarrollo en trámite, ya que de su texto incorpora numerosas reformas al régimen laboral y pensional, que menoscaban los intereses de los trabajadores al introducir, por ejemplo, la figura del vínculo por horas, obviamente sin prestaciones sociales, y convertir en obligación de Colpensiones el pago de los pleitos que pierdan los fondos privados.
Se trata, por supuesto, de reformas que requieren de trámites legislativos autónomos, y no de micos legislativos, a través de los cuales se busca, mediante procedimientos subrepticios, aprobar reformas que lesionan los intereses populares.
El sector indígena y campesino también ha vinculado al paro sus exigencias de cumplimiento de los cientos de acuerdos que gobiernos anteriores se vieron obligados a suscribir, ante la contundencia de las movilizaciones reivindicativas emprendidas en su momento. Tales acuerdos han sido motivo de burlas, tanto de los gobiernos que los han suscrito, como de los que le han sucedido.
De igual o mayor importancia es el proceso de paz, del que son parte insoslayable los acuerdos firmados con las Farc-EP. Por lo visto hasta hoy, los anuncios del Centro Democrático de hacerlos trizas no han sido solo amenazas. Los están concretando, y de qué forma, como lo demuestran las objeciones de Iván Duque a su nervio central, el Estatuto de la Jurisdicción Especial para la Paz.
De allí que también la defensa de este proceso, y en particular de su Estatuto, sea parte constitutiva del pliego de exigencias, al igual que el fin del paramilitarismo y de los asesinatos selectivos de dirigentes sociales, incluidos los guerrilleros que se reintegraron a la lucha legal. Este punto es de trascendental importancia en nuestro país, donde las clases oligárquicas dirimen las confrontaciones del movimiento social a través del crimen.
Así mismo, el pliego contempla la exigencia de modificar el Sistema General de Participaciones, con miras a que la educación pública pueda contar con partidas presupuestales más acordes con sus inmensas necesidades.
En fin, son exigencias de tan hondo calado que hacen injustificable quedarse al margen de este paro nacional.
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