En medio de un genocidio que no cesa, y que hace ver irrealizable, al menos a corto plazo, esa paz que en el 2016 creíamos haber comenzado a construir, el país se congregó este pasado 27 de octubre en torno a las urnas para decidir cómo habrían de quedar conformados sus concejos, asambleas y juntas administradoras locales, y quiénes serían los elegidos para fungir como alcaldes y gobernadores.
En ese ambiente desalentador, lo que era de esperar es que las urnas hubieran ofrecido razonables cifras de respaldo a los candidatos que hicieron de la defensa de los acuerdos de paz un compromiso creíble en sus discursos de campaña.
Lamentablemente, no fue así. Aunque fueron muchas las caras nuevas que llegaron a los cuerpos colegiados y no pocos los relevos políticos que se dieron en alcaldías y gobernaciones, la tónica presentada no siembra muchas esperanzas entre quienes no renunciamos a tener una Colombia en paz.
Lo anterior no niega la elección de un buen número de candidatos de fuerzas alternativas a las del establecimiento, que desplegaron banderas contrarias al neoliberalismo, de rechazo a la corrupción, de defensa de la naturaleza y de impulso a otras reivindicaciones por el estilo. Sin embargo, muchos de ellos cedieron al miedo de verse involucrados en las acciones de las fuerzas paraoligárquicas y paraestatales que, en solo los dos últimos años, han truncado la vida a cerca de mil personas, entre líderes sociales, exguerrilleros y familiares de exguerrilleros, cuyo activismo social los convirtió en objetivo militar de quienes no quieren que haya recuperación de tierras, ni obstáculo a los megaproyectos minero energéticos, ni presencia en las regiones de líderes políticos distintos a los tradicionales mangoneadores de la cosa pública, ni rechazo a las hordas del crimen, ni atisbos de paz, ni presencia de nada que huela a una Colombia nueva, digna, soberana y en paz, y menos aún socialista.
Algunos calculadores optimistas señalan que en las urnas encontraron reconocimiento algunos cientos de candidatos amantes de la paz, aunque sin atreverse a decir cuántos son esos cientos, ni qué porcentaje representan entre los mil 122 alcaldes elegidos, los 6 mil 814 ediles, los 12 mil 63 concejales, 32 gobernadores y 418 diputados. Por lo que al Tolima respecta, los elegidos que de tal amor hicieron gala se pueden contar con los dedos de las manos.
Esta es una evidencia de lo desamparada que ha estado la paz, tanto nacional como localmente, del estado de indefensión en que están las víctimas del conflicto armado, y una justificación de las disidencias. Hasta dónde nuestra indiferencia nos ha hecho cómplices es cosa que cada quien sabrá responder.
Comentarios