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Fue Bolívar al desembarcar en Cartagena quien premonitoriamente advirtió que las confrontaciones entre granadinos le abría espacio al retorno de los españoles por el debilitamiento que generaba la división, ante lo cual, pidió apartarse del esquema federalista que él tanto admiraba y que juzgaba el idóneo para las nacientes repúblicas, para propugnar por un centralismo que nos diera la fortaleza necesaria para enfrentar al adversario peninsular.
Y bajo estos postulados siguió el país hasta la efímera regencia de la Constitución de 1863, conocida como la “Constitución de Rionegro”, marcadamente federalista a la que sucedió una severa concepción centralista que gobernó desde 1886 y continuó rigiendo para nuestros gobernantes sin solución de continuidad, caracterizada por la concentración de la dirección del Estado en la mediterránea Bogotá.
Hasta 1991 cuando la Carta Constitucional que entonces se adoptó, buscó conciliar las dos tendencias que no pierden vigencia en el tiempo, tratando de superar el secular conflicto entre centralistas y federalistas, en procura de la autonomía de las diferentes regiones que integran la nación colombiana.
De esta manera, el nuevo pensamiento político busca la prevalencia de la capacidad decisoria de las regiones sin perjuicio de la autoridad central, con miras a lograr la satisfacción de las verdaderas necesidades locales por sobre el omnímodo poder de la capital y la estructura piramidal y jerarquizada de la administración pública prevaleciente, generadora de desequilibrio e inequidad y culpable, las más de las veces, del estancamiento del progreso armónico del país, al aclimatar la idea de una provincia irresponsable y equiparar a sus ciudadanos con los menores de edad, incapaces de regir su destino y de trazarse sus propios rumbos en los diversos campos.
No obstante ese espíritu descentralista del constituyente del 91 ha chocado en su implementación con la alta burocracia capitalina, que estima, al mejor estilo del “Rey Sol”, que ellos son el Estado y que fuera de Bogotá solo está la ignara provincia, carente de competencia para resolver sus propios conflictos de intereses.
No obstante en Colombia y a manera de un nuevo “florero de Llorente” viene insurgiendo un nuevo pensamiento político-administrativo, que a no dudarlo vendrá a robustecer la capacidad decisoria de las regiones en detrimento de la autoridad central, cuando ésta pretenda entrar en pugna con aquellas.
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