“Obedézcase y no se cumpla”

De antaño el derecho Castellano consagró, como regla formal, el “obedézcase y no se cumpla” a manera de derecho común frente a los desafueros del poder, indicando con ello que toda norma que vaya en detrimento de los intereses colectivos debe ser despojada de fuerza y por lo tanto frente a ella el ciudadano debe abstenerse de orientar su comportamiento acorde con sus mandatos.
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Y tal principio pasó a ‘las Indias’, o sea hasta nosotros, cuando apenas nacían en ellas las instituciones republicanas fruto de los primeros pasos que daba la independencia de la dominación ibérica, permeando nuestra incipiente sociedad y enquistándose en ella hasta hoy, constituyéndose en la principal fuente de desacato normativo y dándole explicación a nuestro inefable y permanente desorden social.

Todo ello a pesar que nuestra Constitución nos califica como ‘Estado Social de Derecho’ y lo orgullosos que nos sentimos al autodefinirnos como ‘país de leyes’ siempre listos para dar la batalla por la legalidad, así como de tener por doquier un abultado número de facultades de Derecho, –tres solo en Ibagué-, y un correlativo número de egresados de ellas, lo que llevaría al más desprevenido de los observadores a considerarnos el paraíso del orden, la justicia y la ley.

No el país del precario orden que tenemos, que impide que podamos definirnos como un Estado que ni siquiera ha alcanzado estándares mínimos de modernidad, donde el imperio de la ley es poco menos que deficiente, como lo ha demostrado “la desobediencia civil” y el propio comportamiento de las autoridades encargadas de su cumplimiento, con una de las mayores desigualdades sociales del orbe; una justicia que no se imparte por igual a todos, invadida por la corrupción (hasta ‘cartel de la toga’ hemos tenido), y de una administración pública igual, sin que a los delincuentes de ‘cuello blanco’ nada les ocurra, con una seguridad ciudadana deplorable, con unos servicios públicos esenciales ineficientes y donde para obtener la atención del poder público y de la justicia, el ciudadano del común requiere de la mediación clientelista.

En resumen un Estado débil, incapaz de obtener la vigencia plena del derecho, el acatamiento de la ley, el orden social más elemental y el respeto a la Constitución; sólo formalmente el Estado de derecho que nos decimos ser, donde igualmente se respetan las normas pero únicamente con sujeción a la forma, dentro de las llamadas “mitologías jurídicas de la modernidad”, ya que hemos construido nuestro ordenamiento con desapego a la tradición y a la cultura propias, acostumbrándonos a vivir sin respeto por la ley dada su impotencia para ordenar la vida colectiva y política de nuestra sociedad, inclinados por el contrario a acatar unas órdenes familiares y religiosas, aldeanos y parroquiales, soportados más en la costumbre que en las bondades racionales de la legislación. Una sociedad descuadernada donde los códigos y las leyes se aplican sin desentrañar jamás nuestra complejísima realidad y sin que importen mayormente los fundamentos morales y culturales del grupo social que los sustentan.

 

MANUEL JOSÉ ÁLVAREZ DIDYME- DÔME

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