El derecho a la captura

El señor Luis Carlos Restrepo debe ponerse a disposición de las autoridades judiciales de Colombia. No existe evidencia, y ni siquiera indicio serio, de que sea objeto de una persecución política;

la cancillería colombiana podría ir un poco más allá de las formas diplomáticas y afirmar de manera categórica que el país no permitirá que bajo la figura del asilo o el refugio se burle a la justicia, como lo hizo la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, con la complicidad de Panamá. Lo que está a punto de ocurrir es una verdadera vergüenza.

Restrepo pretende darle connotaciones políticas a algo que no lo tiene. Y lo está haciendo con el apoyo del expresidente Uribe, quien con su proceder está tirando piedras sobre su propio tejado. Si es inocente de lo que se le acusa perfectamente podrá probarlo. No es el primero ni será el último exfuncionario que debe encarar una investigación judicial, tiene la obligación no sólo legal sino moral de comparecer y dar las explicaciones sobre su conducta.


El uribismo haría bien en dejar de comportarse como una viuda de poder histérica, paranoica y delirante, y en su lugar asumir las responsabilidades históricas y legales por sus actuaciones. Ya está bueno el cuento de la venganza criminal. Es un irrespeto para la Fiscalía, los jueces y el país.


Recuerdo perfectamente las catilinarias del expresidente Uribe contra quienes durante su gobierno se asilaban o pedían protección a los organismos internacionales. La inmensa mayoría de ellos no estaban perseguidos por la justicia, sino que sencillamente temían por sus vidas y por esto se iban del país. Que la ropa sucia se lavaba en casa, era lo menos que se les espetaba

a los líderes que viajaban a EE.UU. o a Europa a reclamar garantías o a oponerse a las políticas de la administración Uribe.

Así las cosas, resulta totalmente válido suponer que las rabietas de Uribe contra la Corte Suprema por la no designación del Fiscal general no eran otra cosa que miedo a la acción de la justicia. La verdad es que el que nada debe nada teme.


Colombia necesita fortalecer sus instituciones, esto como principio para evitar sumirse en el caos y la anarquía. No puede haber nadie por encima de la ley. Absolutamente nadie. Y la obligación del Gobierno es apoyar de forma decidida la acción de sus fiscales y jueces.


Gústele a quien le guste. Lo que esperamos muchos colombianos es que la señora ministra de Relaciones Exteriores, el señor ministro de Justicia y la señora Fiscal General de la Nación eviten una nueva burla. El señor Restrepo está lejos de ser un perseguido político y el Estado colombiano está en condiciones de protegerle su vida y de rodearle de garantías.


Si Colombia no le puede asegurar la vida a Luis Carlos Restrepo entonces ¿para qué sirvió la seguridad democrática? Sería, además, una ofensa hacia las verdaderas víctimas del conflicto que se utilizara la figura del refugio para eludir a la justicia. Repito, eso no lo puede permitir el Gobierno.


Personalmente no creo que Restrepo sea culpable de todos los delitos que se le imputan, pero repugna el hecho de que quiera fungir de perseguido. Qué diferente ha sido el comportamiento de otras personas que se sometieron al escrutinio de la justicia sin chistar y probaron su inocencia o continúan dando la batalla por demostrarla. Les honra como personas y como colombianos.


Colombia tiene que hacer valer su soberanía judicial y el derecho a investigar y juzgar a sus nacionales. Lo que está en juego es la dignidad nacional. Algo que al parecer es nada para algunos.

Credito
GUILLERMO PÉREZ FLÓREZ

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