Tierra de juristas

Con la designación de Alfonso Gómez Méndez como ministro, puede decirse que la justicia vuelve a quedar en manos tolimenses.

Gómez llega a completar, y por supuesto a engalanar, un cuadro de magistrados que viene conformándose con varios tolimenses, entre ellos el fiscal Eduardo Montealegre, el magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González y los consejeros de Estado Jaime Orlando Santofimio y Danilo Rojas, para sólo hablar del presente, pues en el pasado estuvieron en la Corte Suprema otros muy distinguidos tolimenses.

Sin duda, esta designación es una buena noticia. Podría estar abriéndose un nuevo capítulo de lo que Augusto Trujillo Muñoz, acertadamente, ha llamado la Escuela del Tolima, una época gloriosa que supieron liderar hombres de la talla de Alfonso López y Darío Echandía, para hacer referencia sólo a dos de los más conspicuos de sus miembros. Esa generación marcó un nuevo rumbo y construyó una doctrina filosófico política que enfatizó en el intervencionismo de estado y en la función social de la propiedad. Hicieron época. Contribuyeron a poner al país a tono con los vientos de cambio que soplaban en Norteamérica y Europa. En aquel tiempo, las fuerzas más conservadoras, casi todas terratenientes, se negaban a modernizar a Colombia, y ellos marcaron una nueva senda.

Gómez asume el ministerio en un momento especialmente crítico. Realmente la justicia funciona de forma muy regular, por no decir que mal. Los niveles de impunidad siguen siendo altísimos, las dependencias judiciales se han politizado de la peor forma y en muchos juzgados campea la corrupción. Es un secreto a voces. Y de las cárceles mejor no hablar. No es sólo cuestión de hacinamiento, en ellas se violan los más elementales derechos humanos. Esto sin decir que hay presos de primera, de segunda y de tercera clases. Además, la pérdida de soberanía judicial es vergonzosa, de un tiempo para acá quienes realmente administran justicia son los jueces norteamericanos. Delitos cometidos en Colombia, por colombianos, se juzgan en Estados Unidos. Aunque algunos, tras negociar, los volvemos a ver por las calles, sin que el estado colombiano sepa nada.

Los retos que tiene enfrente Gómez son inmensos. Necesitaría estar en el ministerio durante varios años para poder hacer algo perdurable y positivo. Es dudoso que escasos 10 meses le alcancen. Gómez y Montealegre tienen sobre sus hombros una responsabilidad pesada: tendrán que liderar, además, el proceso de transición hacia la paz. Es verdad que nadie desea impunidad (no más de la que ya tenemos), pero también lo es que hay que ponerle fin a la guerra. La Corte Constitucional ya fijó un criterio al estudiar el marco para la paz, con lo que hay una posición de estado frente a este complejo y delicado asunto, y sobre ella deberán trabajar.

Amartya Sen dice en su libro La idea de la justicia: “Lo que nos mueve, con razón suficiente, no es la percepción de que el mundo no es justo del todo, lo que pocos esperamos, sino que hay injusticias claramente remediables en nuestro entorno que quisiéramos suprimir”. A esas injusticias remediables tenemos que dedicarnos todos. El paradigma punitivo está agotado. No es con más cárceles y más penas como saldremos del atolladero. Se requiere de acciones inteligentes y complejas si queremos una Colombia justa, moderna y segura, como reza la propaganda oficial. Echandía dijo alguna vez que el objetivo era que los colombianos pudieran volver a pescar de noche. Me permitiría agregar, y sobre todo que vuelvan a creer en la justicia. Que ésta sea no sólo para los de ruana, que es uno de los mitos que anidan en el alma nacional. Ahí está el reto del nuevo ministro. Si lo logra habrá sabido honrar al Tolima, una tierra de grandes y probos juristas.

Credito
GUILLERMO PÉREZ FLÓREZ

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