Dentro de una semana las elecciones de hoy serán una anécdota. Es muy probable que la vida siga igual. No es que no sean importantes. No. Lo son, y espero que salgan elegidas personas honestas y capaces, esto es básico para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, y sobre todo de quienes más requieren de un Estado eficiente. Ojalá y así sea.
Sin embargo, pasadas estas elecciones hay que abrir un debate sobre el ordenamiento territorial y la democracia local y regional. El modelo actual es obsoleto e ineficiente y no corresponde a las necesidades y desafíos de los tiempos. Hay que revitalizar la vida provincial y ponerle fin a un sistema de organización vertical y jerarquizado que impulsa a los municipios a competir por los recursos, en lugar de desarrollar una cultural colaboradora que estimule alianzas y sinergias, indispensable para enfrentar y gestionar los desafíos (pero también oportunidades) de la globalización.
Los municipios y departamentos necesitan herramientas para que puedan generar posibilidades para la gente. La revolución que se está viviendo en el campo tecnológico abre un universo de posibilidades casi infinito para la competencia entre las grandes urbes y las ciudades medianas y pequeñas. Cada vez es menos urgente irse hacia los centros urbanos. Y dejará de serlo definitivamente si se reforma el régimen político departamental y municipal. Hoy, los gobernadores y alcaldes son referentes de poder pero no tienen poder. Ni siquiera los alcaldes de las ciudades capitales tiene competencias para promover el desarrollo, estimular la participación y garantizar seguridad a sus ciudadanos. Los alcaldes son jefes de policía, pero no jefes de la policía. De allí que descarguen sobre esta institución toda la responsabilidad, cuando se les interroga por la seguridad en su jurisdicción. En otros campos, sucede lo mismo.
Colombia tiene un centralismo de perfiles monárquicos. El Estado central no escucha a las autoridades y comunidades locales. Ni siquiera cuando las determinaciones las afectan directamente. La celebración de acuerdos de libre comercio son ejemplo de ello. Se celebran sin prever los impactos territoriales y sin planes de compensación o mitigación. A estos efectos, los gobernantes y comunidades locales son auténticos convidados de piedra. No obstante que la Constitución del 91 consagró la autonomía territorial y la democracia participativa. Igual sucede con la asignación de proyectos minero-energéticos. Se hace con el argumento de que la nación es dueña del subsuelo, lo cual no es cierto.
Las corrientes centralistas han satanizado la democracia local, aprovechando la corrupción en gobernaciones y alcaldías, como si la administración central estuviese libre de pecado y pudiese tirar piedras. Esa corrupción es producto de que se les ha atado las manos a las comunidades, y estas no tienen cómo controlar el poder. El debate sobre la democracia local y regional es inaplazable, igual que la reforma al régimen electoral que, como lo dije hace unas semanas, es la madre de todos los vicios. Estas son reflexiones para mañana. Hoy, por favor, voten a conciencia, pensando únicamente en qué le conviene a su municipio o departamento.
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