Con la reacción opositora del partido Liberal a la venta de Isagén se reabre un interesante debate ideológico político: ¿Debe ser el Estado propietario de empresas estratégicas, como las electrificadoras, por ejemplo? Antes de entrar en materia debo reconocer que me sorprendió, gratamente, que la colectividad roja haya formulado su desacuerdo e incluso amenazado con retirarse de la coalición de Gobierno, aunque no creo que lleguen a tanto.
Las privatizaciones fueron impulsadas por Margaret Thatcher, la dama de hierro, y Ronald Reagan, como fórmula para revitalizar el capitalismo. Se impusieron en casi todo el mundo, y encontraron en el colapso de la URSS el mejor aliado, como prueba del fracaso estatista. Las privatizaciones, se dijo en su momento, ‘liberarían’ al Estado de cargas y le permitirían dedicarse a tareas más propias de su ‘naturaleza’, como la seguridad, la educación, la salud y la justicia. El presidente César Gaviria fue el abanderado criollo de esa política, algo que continuarían con ahínco los posteriores gobiernos.
Esa ola fue reacción también contra el intervencionismo de Estado que impulsó el New Deal de Franklin D. Roosevelt con sus políticas keynesianas, tras la crisis del 29, y que en Colombia encontró un correlato en la ‘Revolución en Marcha’ del presidente López Pumarejo y Darío Echandía. Proceso que fortalecería en los 60 Carlos Lleras Restrepo. Roosevelt impulsó la construcción de 12 embalses y una central termoeléctrica entre 1933 y 1944, en el Valle del río Tennessee, que atraviesa siete de los estados más pobres de los Estados Unidos: Tennessee, Kentucky, Virginia, Carolina del Norte, Georgia, Alabama y Misisipi. Aquella mega obra dio empleo a más de 28 mil trabajadores y facilitó la electrificación de casi todo el sector rural estadounidense. Los conservadores dogmáticos acusaron a Roosevelt de crear en este valle una pequeña Rusia roja. La realidad es que al sector privado no le interesaba la zona rural porque no le era rentable. Gracias a este proyecto, con dinero público, se electrificaron más de 300 mil granjas. Los granjeros crearon cooperativas eléctricas y actualmente 900 de ellas atienden 42 millones de clientes en 47 estados, y gestionan el 42% del total de líneas del país.
Un cuarto de siglo de recetario neoliberal es más que suficiente para analizar si ha servido para reducir la desigualdad y producir bienestar social. Diría que con seguridad ha beneficiado principalmente bolsillos particulares. De eso no hay duda. El Estado casi les regaló bancos, empresas de servicios públicos, de comunicaciones, mineras, y participaciones en empresas, pero ello no contribuyó a disminuir la brecha ni a mejorar los servicios. Confieso que el estatismo me repugna cada día más. Pero la apropiación de las empresas públicas (de acueducto, servicio de recolección de basuras, alumbrado público, electrificadoras, hospitales, colegios, etc.) creadas con dinero público, me repugna más todavía. ¿Vender Isagén? No, gracias.
El partido Liberal acaba de dar contenido a la política oponiéndose a la venta de este activo nacional. Veremos qué decisión final toma el presidente Santos.
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