La semana pasada se anunció por parte de la Alcaldía de Ibagué, la posible eliminación del descuento por pronto pago del impuesto predial y de los incentivos en el impuesto de industria y comercio a partir del próximo año, como medida para aumentar el recaudo y así financiar algunos costos de los próximos juegos nacionales.

Como era obvio la noticia no fue bien recibida por parte de la ciudadanía. Algunos la rechazaron argumentando los perjuicios que ésta causaría en sus bolsillos. Otros alegaron que la medida desestimularía el pago por parte de los contribuyentes.

Y unos pocos “líderes políticos”, aprovecharon la ocasión para aparecer como los Robín Hood criollos, y defender a la ciudadanía de las “injusticias” de la administración.

Sin embargo, a pesar de lo impopular que pueda parecer ésta, o cualquier otro tipo de decisión de índole fiscal, en una ciudad como Ibagué, que actualmente goza de un crecimiento acelerado y demanda más y mejor infraestructura, que en menos de dos años será anfitriona de uno de los eventos más importantes del país –los juegos deportivos nacionales y paranacionales-, y que requiere grandes inversiones para aprovechar las potencialidades y convertirse en el mediano plazo en un polo de desarrollo; tanto ciudadanos como dirigentes, debemos empezar a pensar no solamente en la ciudad que queremos, sino también en que estamos dispuestos a hacer por ella.

No se trata solamente de querer vivir en una urbe con una prodigiosa malla vial, una adecuada cobertura y calidad de servicios públicos, un buen sistema de transporte, parques, plazoletas, bulevares, y una moderna infraestructura en salud y educación. También es preciso que cuando se hable de actualización del catastro, impuesto de valorización, o la eliminación de incentivos y descuentos en el pago de impuestos, como alternativas para financiar las obras que necesita la ciudad, la gente esté dispuesta a examinar la pertinencia de las reformas, y el impacto que tendrían en el desarrollo de la ciudad. Incluso, es fundamental dar paso a la discusión y análisis exhaustivo de posibles alianzas público privadas, que quizás sirvieran para financiar proyectos que resuelvan problemas sensibles en una ciudad que cada día exige más inversión.

No obstante, es preciso una buena estrategia de la administración municipal, en la que además de comunicar ampliamente los beneficios que traería para nuestra ciudad el aumento del recaudo de impuestos, se considerara la posibilidad de implementar gradualmente este tipo de medidas, de tal suerte que no vuelva a ocurrir lo que hace dos años, cuando la actualización del catastro, de un solo trazo, dobló y hasta triplicó el valor a pagar por concepto de predial, dejando un gran sin sabor en la mayoría de los contribuyentes.

En resumen, creo que los ibaguereños no podemos seguir en la posición contradictoria, en la que por un lado queremos, y muchas veces exigimos el desarrollo de la ciudad, pero por el otro, prácticamente nadie está dispuesto a pagarlo, y ni siquiera a considerar la posibilidad que se establezcan alianzas para la inversión privada.

De continuar así, estaríamos frente al peor de los mundos, en el que tanto la falta de compromiso de los ciudadanos, como las posiciones a veces incomprensibles de algunos actores políticos, podrían minar las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la capital tolimense.

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