En una democracia todas las expresiones ciudadanas merecen respeto y consideración, no obstante, es preciso que la gente distinga entre una sana iniciativa popular y un intento poco elegante de contrarrestar la acción de un Gobierno que ha puesto autoridad y ha imprimido una nueva dinámica a los procesos de desarrollo de la ciudad.
Este Gobierno ha tenido que enfrentar a varios sectores o individuos que venían siendo privilegiados con gabelas que les daba el municipio a expensas del interés colectivo: buena parte del espacio público había sido tomado para el usufructo de privados, en detrimento del derecho de los ciudadanos a contar con zonas verdes, parques y plazoletas. La oferta de vivienda para estratos medios y altos es elevada, mientras que la dirigida a los sectores populares es casi nula, nadie les había exigido a los constructores generar posibilidades de vivienda para los que más la necesitan. Los negocios del municipio con los bancos se hacían a partir de intereses particulares de los funcionarios de turno y no sobre la base de buscar mejores rendimientos financieros; ni qué hablar de los acuerdos con empresas privadas que tienen concesiones en la ciudad, que fueron “amarrados” para varios años bajo condiciones poco beneficiosas para el municipio y muy bondadosas para los privados. Las empresas públicas generaban millonarias pérdidas anuales porque funcionaban como la caja menor de algunos sectores o porque por miedo al costo político nadie se atrevía a proponer reformas de fondo para sacarlas de la crisis. Los propietarios de viviendas que superan los 2 mil millones de avalúo comercial, venían pagando apenas 2 millones de impuesto predial, mucho menos de lo que pagan algunos propietarios de viviendas ubicadas en sectores populares. Eso por mencionar apenas algunas.
Muchas de las decisiones de la Administración, que persiguen el establecimiento de reglas de juego justas para todos los ciudadanos, no han sido del buen recibo por parte de los otrora privilegiados que, aunque no se atreven a liderar la oposición al Gobierno, si utilizan terceros para hacerlo. Basta con entender que los intereses particulares de ciertos sectores se han visto afectados, para darse cuenta que lo que persigue la citada revocatoria es simplemente distraer los procesos de cambio que se vienen generando en la ciudad.
El hoy presidente de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, que ha logrado posicionar en un alto nivel nuestra ciudad, a partir del relacionamiento con prestigiosos aliados como el BID, Banco Mundial, Findeter y Ejército de Colombia; que ha recuperado la confianza a nivel nacional y que ha desarrollado una agenda internacional sin precedentes, acogida por gobiernos de América Latina, Europa y Asia, que ya proyectan inversiones y apoyo a las acciones del gobierno de Ibagué, seguramente saldrá fortalecido de esta nueva intentona por deslegitimar o acaso debilitar la gestión administrativa que lidera.
Es un buen momento para invocar la sensatez del pueblo ibaguereño que, cansado de tantas decepciones, decidió elegir un gobierno diferente, un gobierno que en poco tiempo ya adelanta grandes inversiones en jornada única escolar, el nuevo modelo de atención en salud, un moderno sistema de acueducto, cientos de vías pavimentadas, el anhelado viaducto de la calle 60 con carrera Quinta, el sistema estratégico de transporte público, la construcción y mejoramiento de parques y escenarios deportivos, así como varias alianzas para oferta de vivienda para los ciudadanos más pobres e importantes apuestas frente a la sostenibilidad ambiental de la ciudad.
No robar, no depredar, no segregar. Esos son y seguirán siendo los principios de este Gobierno, corresponde a los ciudadanos defenderlos o revocarlos.
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