El proceso de paz avanza, parece que muy pronto se firmará el acuerdo final, lo que llevará al país a entrar en la etapa de la refrendación de los acuerdos mediante el mecanismo que determine la Corte Constitucional.
De aprobarse en las urnas los acuerdos, la tarea siguiente será implementar los acuerdos, es decir que el Estado colombiano tendrá que hacer muchos ajustes institucionales e invertir presupuestos.
Uno de ellos es el concerniente al Desarrollo Rural Integral, primer acuerdo pactado durante este proceso: “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural Integral”, el cual deberá realizarse aun si no se llegara a refrendar el acuerdo.
Mucho de lo allí establecido es necesario en Colombia, los problemas rurales en este país son muchísimos y el actual modelo no ha logrado brindar las respuestas necesarias.
El acuerdo aspira resolver problemas históricos de los campesinos que el modelo vigente no ha podido resolver: adecuación y modernización de vías terciarias, construcción de distritos de riego, ampliación de la cobertura y calidad de educación rural, prestación de servicios de salud en el campo, electrificación de zonas veredales, mejoramiento de vivienda, generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria y promoción de la comercialización de la producción campesina, asistencia técnica, entre muchos otros.
El Gobierno deberá diseñar y poner en práctica un plan progresivo de protección social y de garantías de derechos de los trabajadores rurales, es decir los campesinos deben ser sujetos de derechos laborales en el marco de la formalidad, con remuneraciones dignas y con jornadas laborales establecidas.
El uso de la tierra para la producción y no para el atesoramiento será tal vez uno de los temas más complejos; actualizar el catastro rural e implantar un sistema para cobrar el impuesto predial de acuerdo con un principio de progresividad tributaria según el cual el que más tiene más paga no será fácil de implementar.
Tampoco lo será crear un Fondo de Tierras de distribución gratuita de un número aún indeterminado de hectáreas para los campesinos sin tierra y las comunidades más afectadas por la miseria.
La verdad es que las tareas que se desprenden del acuerdo son varias y hay muchas dudas en torno a cómo se financiará el acuerdo.
Sin embargo, el arreglo institucional recientemente hecho por el Gobierno nacional liquidando el Incoder y creando las nuevas agencias para el desarrollo del campo plantea el camino a seguir.
En todo esto será muy importante la participación de los gobiernos territoriales y del empoderamiento de las comunidades rurales. Una tarea en que, sin duda, se debe trabajar prioritariamente es implementar el enfoque territorial para el desarrollo rural. Que logre la transformación estructural del campo y el ámbito rural, estableciendo un adecuado relacionamiento entre el campo y la ciudad.
Finalmente, es importante mencionar que lograr cambiar las actuales relaciones entre estos dos mundos será uno de los mayores retos, sin que se logre esto será muy difícil que el resto funcione.
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