Acaba de salir el Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de estos derechos en Colombia durante 2017, y sobre el mismo vale la pena destacar algunos elementos a tener muy en cuenta:
1. Hay una enorme preocupación por el aumento de asesinatos a defensores de derechos humanos, incluyendo líderes sociales y comunitarios. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH) registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos. Estos últimos incluyen a 84 defensores de los derechos humanos que ejercían liderazgo, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales.
2. Algo paradójico: varias víctimas fueron asesinadas por apoyar las políticas derivadas de los Acuerdos de Paz, como la sustitución de cultivos ilícitos y la reforma rural integral. Esto constituye una nueva tendencia de los móviles de los asesinatos, antes la mayoría de los defensores de derechos humanos fueron asesinados por oponerse a las políticas de gobierno, no por apoyarlas.
3. Según el informe, en la gran mayoría de los asesinatos referidos, el contexto tiene tres características comunes: la presencia de economías ilícitas (tráfico o producción de drogas, cultivos de uso ilícito, minería ilegal, microtráfico, extorsión); una tasa de homicidio en el municipio que supera los niveles de violencia endémica, y una tasa de pobreza multidimensional más alta que el promedio nacional.
4. Si bien la Fiscalía General de la Nación ha avanzado significativamente en la identificación del autor material de estos delitos, en la mayoría de los casos los autores intelectuales no han sido reconocidos. La personalización plena y la sanción penal de los implicados es clave, ya que constituiría una salvaguardia para la protección y no repetición.
5. La OACNUDH recomienda que se modifiquen las medidas de protección en zonas rurales y que se fortalezcan las medidas de protección colectiva, como las guardias indígenas y afrocolombianas, como medio de protección individual y territorial. Las medidas de protección tienen limitaciones, puesto que los defensores de derechos humanos seguirán corriendo riesgos si no se abordan los factores estructurales de la pobreza multidimensional, las economías ilícitas, los vacíos de poder y la falta de presencia estatal.
6. En el informe se resalta que algunos de los asesinatos de defensores de derechos humanos, especialmente aquellos en antiguas zonas de influencia de las FARC-EP, se podrían haber evitado con una respuesta oportuna y coordinada del Estado a la implementación del Acuerdo, priorizando los derechos de la población.
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