Continuando con el Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Colombia durante 2017, conviene considerar:
1. Sobre el tema de la reintegración de excombatientes, es evidente que su origen es fundamentalmente del campo: el 66 por ciento de la población reincorporada de las Farc-EP proviene de zonas rurales, de los cuales el 30 por ciento se identifica como integrante de un grupo étnico. Un rasgo importante, el 23 por ciento son mujeres
2. Se presentaron serios problemas en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización donde se hizo la concentración de los combatientes, entre ellos, dificultades con el agua potable, saneamiento y viviendas habitables, generando que un importante número de exmiembros de las Farc abandonaran estos lugares.
3. Preocupa que uno de los desafíos fundamentales del proceso de reintegración sea la salud. Según el censo socioeconómico de las Farc realizado por la Universidad Nacional de Colombia, el 33 por ciento de los encuestados (3.305 individuos) indican tener una discapacidad por causa del conflicto.
4. La reintegración exitosa de los excombatientes es clave para que estos no participen en actividades ilegales, lo mismo que para persuadir a que regresen los que abandonaron el proceso de reintegración. En este contexto es importante acelerar la implementación de los programas previstos en el Acuerdo, teniendo en cuenta una perspectiva étnica y con enfoque de género. Los reintegrados se pueden articular a la sociedad como guardabosques, en trabajos de apoyo logístico para la productividad y de atención médica básica, entre otros.
5. El informe, citando a la Defensoría del Pueblo señala que, a octubre, 800 excombatientes de las Farc habían formado o habían ingresado a otro grupo armado ilegal o criminal. Según cifras del Ministerio de Defensa, este año el número se acerca a los 1.500 hombres.
6. Se señala la preocupante persistencia del reclutamiento y utilización de niños en los territorios donde operan exmiembros de las Farc, a esto se agrega que, el Eln y los grupos criminales siguen replicando estas prácticas.
7. Es fundamental la presencia integral del Estado en zonas rurales; con ésta se garantiza seguridad, justicia, empoderamiento de las autoridades y los líderes sociales, lo mismo que se estimula el desarrollo económico.
8. Hay una relación directa entre corrupción y derechos humanos. Se requiere frenar el desangre de 17 mil millones de dólares anuales que se pierden por el costo de la corrupción.
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