Que a los que gobiernan no les gusta la democracia y menos si reivindicarla significa atravesársele, según ellos al desarrollo, es un axioma indiscutible, o sino cómo se entiende la pretensión que ahora mismo vuelve a promoverse de legislar por una iniciativa del partido Cambio Radical, en contra de las consultas populares y las consultas previas. Un potente argumento que se esgrime es que hay proyectos mineros y petroleros que se han frenado por estos mecanismos de participación y que ello ha significado que se dejen de percibir más de $200.000 millones en regalías que permitirían el desarrollo de proyectos estratégicos en más de cien municipios del país.
Las consultas previas son un derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando proteger su cultura, su integridad social, económica y garantizar el derecho a la participación. El excandidato, máximo líder de Cambio Radical, Vargas Lleras, claramente ha sacado su artillería contra esta figura y propone que se deben definir con exactitud quienes son los pueblos protegidos, cómo estos pueden hacer uso de la consulta y cuáles son sus efectos vinculantes.
Según Vargas Lleras, las consultas previas se han prestado para el chantaje y la presión sobre los promotores y las autoridades, se va lanza en ristre contra “los autodenominados pueblos ancestrales y dinámicos que se desplazan de proyecto en proyecto a lo largo de la geografía nacional en busca de lucro”. Para este excandidato el hecho de que en este proceso no haya acuerdo, no debe ser sinónimo de que no se realicen los proyectos, algo así como: reivindiquemos el derecho de los indígenas y otros grupos a participar de la discusión, pero de todas maneras si ellos no están de acuerdo, la obra se realizará.
El otro frente que se agita tiene que ver con frenar las consultas populares por considerar que las mismas lentifican y afectan proyectos estratégicos en el país. Éstas hacen parte de la ley 134 de 1994 que las define como “…la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal o local es sometida por el presidente de la república, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria”.
El debate en el Congreso será enconado, complejo. En el fondo es el viejo debate entre ambiente y desarrollo, en si es posible armonizar estos dos conceptos o si por el contrario prima el interés económico muchas veces de las grandes multinacionales sobre la naturaleza, los pobladores de los territorios con sus minorías étnicas incluidas.
Para los que quieren supeditar la naturaleza, los pobladores y la cultura a las grandes obras de cemento y las explotaciones mineras, son numerosas las iniciativas que se han afectado. Se mencionan entre otras: la planta de generación Porce IV de EPM, que desistió del proyecto por los altísimos costos que según ellos representaban las comunidades que aparecieron en la zona del proyecto luego de los censos; o vías como Mulaló-Loboguerrero o la que se proyecta entre Popayán y Santander de Quilichao, para no hablar de la renovada pretensión que tiene Anglo Gold Ashanti con la mina La Colosa.
El debate está en dos orillas, la política en el congreso de la república, y la jurídica en fallos que se esperan de la Corte Constitucional que debe pronunciarse sobre una tutela que se interpuso por una petrolera en un municipio del Meta donde se adelantó una consulta popular contra el desarrollo de un proyecto de esta empresa. Dependiendo de la definición de este alto tribunal se esclarecerá el devenir de las consultas.
Lo que queda claro es que la consulta popular y la consulta previa están en peligro. Hay muchos poderosos intereses que sienten incomodidad con estas posibilidades de participación que tienen las poblaciones de los territorios donde se piensan desarrollar proyectos de infraestructura y minero-energéticos.
Pensando en lo local, si a usted lo interrogan si quiere el oro y sus ganancias para una multinacional o el agua para el consumo de los tolimenses, ¿cuál sería su respuesta?
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