La semana anterior en un evento nacional, el Presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, CEV, el padre Francisco de Roux, narraba un estremecedor relato, el testimonio de una madre de un municipio de Antioquia, con el cual podíamos acercarnos al horror que ha sido para nuestro país la guerra con los diferentes actores armados ilegales. Contaba el sacerdote que esta mujer había tenido que recoger los pedazos del cuerpo de su hijo de seis años que habían quedado desperdigados por las paredes de una tapia, al accionar como si fuera un juego, una granada que habían dejado abandonada los criminales que azotaban su región.
Con desgarradoras lágrimas le preguntaba al padre de Roux, por qué habían asesinado a su niño inocente y además quería saber la verdad sobre los hechos, al estar estos sometidos a las exhaustivas investigaciones de las autoridades que no concluyen en nada. De ese tamaño es el reto que tiene la CEV, durante los próximos tres años periodo que por mandato le otorga el decreto 588 del 5 de abril de 2017 para hacer su trabajo, es decir: 1) contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, 2) promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas, 3) promover la convivencia en los territorios, es decir, “la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia”.
Como lo dice el mismo decreto 588, estas tres funciones concebidas para la CEV, “… deberán contribuir a crear condiciones estructurales para la convivencia entre los colombianos y las colombianas, y a sentar las bases de la no repetición, la reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera. Por esas razones, es necesario entender la construcción de la verdad también como una parte esencial de la construcción de la paz”.
Como esta Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de Colombia, han existido otras en treinta países, entre las que merecen destacarse: 1) la del Perú que investigó los hechos sucedidos desde 1980 al 2000, 2) la de Sudáfrica de 1960 a 1993, 3) en Argentina, de 1976 a 1983, 4) la de Timor Oriental de 1974 a 1999. Todas estas instancias constituidas construyen un informe que trata de dar claridad sobre lo sucedido, recolectan experiencias más no declaraciones jurídicas; emiten recomendaciones, no juicios y buscan generar condiciones de reconciliación antes que castigar, todo ello para garantizar que no se vuelva a repetir el conflicto.
La Comisión de la Verdad tendrá que emprender un trabajo en las diferentes regiones del país, por ello desde ya diseña una metodología para trabajar en los territorios que permita generar un proceso de participación que sea amplio, pluralista y equilibrado en el que se oigan las diferentes voces y visiones, empezando por las víctimas del conflicto y también de quienes participaron de manera directa o indirecta en el mismo, además de otros actores que se consideren relevantes.
Se definirá una línea del tiempo que señale hitos importantes del conflicto armado, además de otros conflictos relacionados con el mismo, donde seguramente aparecerán los problemas estructurales que dieron origen a la violencia fratricida que ha sacudido al país durante muchas décadas.
La comisión deberá escuchar a todos los actores territoriales relacionados con el conflicto, generar confianza en todos sin sesgos de ninguna naturaleza, deberán tomar la palabra las víctimas, organizaciones sociales, étnicas, campesinas, empresarios, militares, políticos, medios de comunicación, comunidad Lgtbi, entre otros. Cada actor que converse con la CEV debe tener claro que esta no tiene función judicial y por lo tanto su enfoque no será punitivo ni de promoción del castigo, sino que busca esclarecer los hechos, explicar lo que pasó para que esto nunca más se vuelva a repetir en el país.
Las comisiones de la verdad en su búsqueda, escarban en la memoria de los actores relacionados con el conflicto, rastrean las diferentes regiones del país e intentan esclarecer los hechos de una manera profunda para todas las partes para lograr que la verdad que se construya sea un bien público que contribuya a la consolidación de la paz que tanto necesitamos los colombianos.
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