Hace nueve días que un perro de raza pug atacó por la espalda -y sin que mediara provocación alguna-, de forma brutal, en cuatro partes de su cuerpo, a una niña que se encontraba jugando con un celular. Al presentarse el hecho, por supuesto, la prioridad fue llevarla al centro asistencial más cercano para recibir atención médica y prevenir que no pasara a mayores, eso sí luego de informar a la dueña del animal y de recibir un sencillo “el perro está vacunado, yo respondo por todo”.

Pasado el hecho y dada la atención de urgencias, y para buscar entender los motivos del ataque y sobretodo prevenir que este se repitiera ya no sobre una menor de diez años que se pudiera defender,  sino contra un niño de uno, dos, tres o cuatro años en condiciones más indefensas, sobre la media noche se buscó que dar a conocer de lo acontecido en dos CAI s de la ciudad. El del barrio Ambalá y el de la Gaviota. En ninguno de los dos se quisieron registrar el hecho y solo indicaron que al otro día enviarían una patrulla a indagar, situación que hasta el sol de hoy no ha ocurrido, ni tampoco se informó que el caso debía ser conocido por la Policía de Animales, ni donde se ubicaba ésta.

Luego se conoció que el caso debería ser llevado a la Inspección Animal del barrio Belén, que no estaba en funcionamiento el lunes anterior, y sólo recibió el caso el martes. Pidiendo allí lo mismo por parte de los afectados, una visita al lugar (Caminos de San Francisco), analizar el nivel de estrés del perro, sus condiciones, porque el ataque; una inspección de campo para evitar que el animal pueda atacar otra vez a menores de cinco años que puedan estar o dirigirse a jugar al parque infantil, localizado justo al lado de la casa donde habita el animal. Pero hasta el día de hoy nada se ha hecho, al parecer una citación para próximos días, pero no una acción preventiva que salvaguarde la vida e integridad de los menores que allí residen y eso que los derechos de los niños supuestamente prevalecen sobre los de todos los demás.

Existiría una impasividad para salvar y proteger la vida de los niños,  porque al parecer ni la junta administradora se ha reunido a debatir este caso que pone en riesgo a los menores. En este país de complicidades, de relaciones oscuras, de intereses cruzados, de la chuzadas,  magistrados y políticos amangualados, de decisiones políticas en la justicia y tanta otras cosas de nuestra realidad social, no quisiera uno pensar. No ni Dios, lo permita, que todo esto se deba a que la dueña y donde vive el perro es una Fiscal (Nayive Pérez), es decir, un miembro de la justicia que se pensaría debería ser la más preocupada por salvaguardar la vida de los niños, conocer su estado, qué paso, corregir los errores sobre los peligros y demás, por si llegan a presentarse en algún momento a su despacho un caso en el que se deba actuar en nombre de la justicia para con los niños. Claro que no, lo repito, nadie quisiera pensar eso, seguramente eso no es así. Ojalá y Dios quiera no se presente un nuevo ataque, que  sea a un niño de uno, dos o tres años indefenso, que este muera o quede lesionado para todo su vida, y después todas nuestras  autoridades salgan a lamentarse, hacer recomendaciones, anunciar investigaciones; cuando no actuaron a tiempo debían.