Por supuesto, sería un error generalizar sobre miles de funcionarios quienes han dado hasta su vida por dignificar la justicia y luchar por este país; aquellos que son probos, éticos, profesionales, dignos, entregados y no mienten con su conducta o aquello que la misma justicia les requiere. Que son ejemplo para sus comunidades.

Cuando esos pocos que pierden su norte y construyen sobre la mentira, sobre los que hay que ponerse alerta y preocuparse si pertenecen a la rama de la máxima majestad social, encargada de la verdad y la justicia. Son pequeños actos de aquellos los hacen perder respeto al aparato judicial.

Les conté hace unos días del caso sobre el cual tengo directo conocimiento y relación, del brutal ataque de un perro pug a una niña de 10 años que se encontraba sentada jugando con un celular en un corredor de su lugar de residencia. La incapacidad de Medicina Legal la estimó en 17 días. Hoy hay que contar más. El perro es de propiedad de la fiscal Nayibe Lorena Pérez, exdirectora seccional de Fiscalías. Siguiendo el actuar que debe tener todo ciudadano se solicitó la intervención de las autoridades pertinentes en este caso la inspectora ambiental de Ibagué, Gloria Restrepo, que al parecer, actúo luego de que se pidiera supervisión a la Procuraduría y se interpusiera un derecho de petición, pidiendo una cosa: aplicación de Justicia. Es decir, de la Ley 746 de 2002 que estipula que perro peligroso no solo es el que se contempla por raza, sino el que haya tenido episodios de agresión. Se pidió que el perro fuera retirado de allí lo cual no ha sucedido, y hoy sigue siendo un peligro inminente para los niños y adultos mayores. Claro lo nuevo es que ello sucede bajo el conocimiento de la inspectora de animales. ¡Ay Dios!

Lo actual sobre el caso sí es de máxima preocupación para cualquiera que espere justicia. Primero valga felicitar a la inspectora animal porque, al parecer, hizo una diligencia de descargos a la fiscal dueña del animal a las 5 de la mañana. ¡Uff.. que madrugón! Digno de imitar.

Ahora resulta que el ataque sucedió porque los niños estaban jugando, corrían y la situación se dio fuera del conjunto según la declaración. No. Los hechos sucedieron dentro y la niña no estaba corriendo. Nadie dijo que el perro estuviera bajo supervisión de un adulto responsable, si no que salió de la casa sin que mediara la supervisión del adulto responsable, totalmente distinto. Dice el documento que al perro se le quiere envenenar y “alguien” lanzó un alimento envenenado sin tener en cuenta que allí vive un niño de ocho años, acción producto de personas sin mediana educación y sentimientos nefastos, expresa la funcionaria de la rama judicial. Esa afirmación por lo terrible de la consecuencia que pudiera suscitar debe ser investigada hasta las últimas consecuencias.

Por eso, en primer lugar, haber revisado las cámaras del conjunto, cuyo material debe ser entregado por la administración, para establecer la verdad del hecho y quién lo hizo ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Pidiéndole a la propia Fiscalía, CTI, que son grandes profesionales del tema, que revisen el material fílmico, se establezca si existió manipulación o se ha borrado el mismo los días 19, 20 o 21 de octubre para descubrir quién lo hizo o si el hecho existió o no. Las mismas cámaras que sirvieron para darse cuenta tres días después de ocurridos los hechos, que un vehículo al parecer oficial al servicio de la entonces directora seccional de Fiscalía que la recogía, había dañado mi parqueadero del mismo conjunto, y sus integrantes se habían ido sin nisiquiera informar de lo acontecido en la portería, como lo hubiera hecho cualquier ciudadano de bien.

Ya el consejo de administración del conjunto pidió el retiro del animal agresor, pidió actuar a la inspectora animal y a la policía de animales, y que acabe el peligro latente para los niños y adultos mayores, se aplique la ley y se haga justicia con base en la verdad. Todos debemos ayudar a recuperar la majestad de la justicia.