No se puede estar de acuerdo con el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, y su postura del tape-tape y hagámonos pasito. Eso es lo que llevó al país a la miseria, la guerra fratricida, la impunidad, el irrespeto a la autoridad, falta de civismo, entre otros males.

Ello a propósito del tuit del Presidente pidiendo a la contralora General, Sandra Morelli, y al fiscal General, Eduardo Montelagre, dejar los enfrentamientos que no conviene a la institucionalidad y que lo mejor, seguramente, es tomarse un café escondidos en el Palacio de Nariño, hacer manguala, callar la verdad y no aplicar la Ley. Así todos contentos. No. Ese cuento de que todo le hace daño a la democracia y a la institucionalidad debe sepultarse.

Si la Contralora considera que el Fiscal falló en su deber, dejó permear su investidura por dinero proveniente de Saludcoop, oculta la verdad o ha mentido en hechos relacionados con la quiebra de esa EPS al sistema de la salud generando la muerte y dolor a muchos colombianos, debe decirlo, probarlo, hacerlo público y llevarlo a todas las instancias buscando justicia.

Lo mismo, si el señor Fiscal General considera que la Contralora falta a la verdad, miente contra él, le fabrica pruebas para perjudicarlo, es un deber moral y patriótico decirlo a los cuatro vientos, mostrarlo, probarlo y solicitar que se le aplique la sanción correspondiente a la Contralora por esa falsa acusación. Ella no es cualquier ciudadana, “es una de las guardianas de la ética y si fabrica tamaña mentira contra mí qué podrán pensar los colombianos que no tienen investidura para defenderse”, como lo dijo el Fiscal.

Lo mismo hay que decir sobre quién miente y no se apega a la verdad, en el caso del senador Jorge Enrique Robledo y el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde. Lo importante es que se descubra la verdad, quien quiere utilizar su investidura para sacar provecho. El senador acusa al Ministro de querer legislar para beneficiar a una entidad privada –Indupalma-, en detrimento de cientos de familias campesinas empobrecidas, utilizando un modelo asociativo para la Orinoquía que no está totalmente probado que sea beneficioso. El Ministro relevó unas conversaciones del senador con sindicalistas de Cerromatoso y lo presentó como un agitador subversivo, muy distinto a lo que se espera de un hombre de su investidura, así sea de la izquierda y pertenezca a la oposición.

Los dos tienen el mismo derecho de tratar de establecer quién dijo mentiras y quién está tratando de utilizar su investidura para que no se conozca la verdad, en perjuicio de los ciudadanos.

Ahora salta a la vista un debate entre el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el Movimiento de Víctimas del Estado, porque éstos consideran que con su actuar el Ministro pone en peligro el proceso de paz con las FARC, porque de alguna manera el Ministro ha dicho lo que millones de colombianos piensan y lo que sienten los miembros de las Fuerzas Armadas: que la guerrilla con todo su pasado delincuencial y dolor aspirará a cargos políticos, mientras que soldados y policías pasarán años tras las rejas. Ello no justifica ni mucho menos los abusos y desmanes de integrantes de la fuerza pública, por supuesto.

Para la democracia es sano este tipo de debates y posiciones públicas, nada de que por conveniencia, por la institucionalidad, que por ser la colombiana la democracia más antigua del continente y cuantas posturas maniqueas más, se deba mantener el enquistado tape-tape, hagámonos pasito, no olvide el cargo que ostento y el pueblo más j….. No señor. Ya hablaremos.