Estamos en mora de reabrir el debate sobre qué tipo de delitos y atrocidades deban ser castigadas con la pena de muerte en Colombia. Ese no es ni mucho menos un asunto superado ni significa retroceder, por el contrario significa avanzar y responder a los desafíos de la sociedad moderna con todas las situaciones oscuras y tenaces que trae en sí misma, dado el avance en todos los campos que el ser humano está teniendo y pareciera crear una deshumanización.
El país ha visto con horror y se conmociona con las violaciones sexuales, vejámenes y maltrados de los escabrosos últimos cuatro casos registrados por los medios de comunicación. El del niño de dos añitos de un municipio cercano a Bogotá que fue violado, su ano y sus intestinos desgarrados, hospitalizado en cuidados intensivos por ese brutal ataque; las dos niñas que al parecer fueron abusadas en un jardín comunitario en Bogotá y el pequeño de Piedecuesta (Santander) -también con tan solo dos añitos- que fue abusado por su padrastro. Según el Instututo de Medicina Legal, de enero a junio de 2015 se habían practicado nueve mil 43 exámenes de posibles abusos sexuales a niños y mujeres, de esos un poco más de siete mil fueron al género femenino.
¿Quién ha pensado qué pasa de por vida en esos menores en aspectos como los afectivos, psicológicos, sociales, sexuales...? ¿Cuántos pueden superarlo y cuántos no? ¿Qué tanto dolor silencioso quedará en sus vidas? ¿Ellos sufren y sus abusadores rosaganges y protegidos por el Estado? No se trata de buscar culpables a la ligera, ni salir a la cacería de brujas, sino de no permitir que más niños sufran esa tormentosa experiencia. Es hora de dejar de pensar en los derechos de los violadores y abusadores; no más visión de gerentes de la justicia, para aplicar verdadera justicia.
Hasta que no se le quite a los “administradores” de la justicia la facultad de interpretar normas sino que sean literales, para evitar que toca clase de depravados vuelva a sus andanzas por no ser consideraos un peligro para la sociedad o porque en otros temas son “delitos menores” que no merecen la atención de los jueces y fiscales, y cuando dejemos de pensar como el astuto señor Fiscal General que hoy tenemos y el Ministro de las injusticias de Colombia, quienes siempre parecieran expresar que primero hay que mirar lo administrativo, la plata, lo que genere menos esfuerzos a la rama, menor carga al sistema y, por el contrario, nos concentremos en aplicar verdadera justicia, ésto no cambiará o tenderá a empeorar.
Pregunta sencilla: ¿por qué la gente está tomando la justicia con su propia mano llegando a linchiamientos públicos de ladrones y agresores? Porque la justicia no opera y no sirve, porque está concentrada en lo administrativo, en ahorrar plata y no en brindar soluciones reales a los problemas reales de la Colombia de hoy; es más, un problema real como la violación de pequeños tratado con la fórmula y pensamiento del Fiscal y del Ministro de hoy sería entonces ahorrar dinero al Estado no generando gastos al sistema carcelario engordando, dándoles techo, comida, servicios médicos, seguridad y una buena vida a esos violadores de niños y mujeres, a asesinos en serie, agresores sexuales, entre otros, y muy por el contrario aplicarles la pena de muerte. Así se ahorran plata, tiempo y esfuerzos que es lo que parecieran pregonan por doquier.
Debe ser la fuerza de los argumentos sobre la realidad y sobre lo que se requiere, y no la pereza y la visión gerencial, de negocio que hoy se ha impreso a la justicia en Colombia lo que debe obligar a andar al aparato judicial y la justicia. No hay que irse por las ramas ni por el camino de las largas disertaciones filosóficas y psdointeluctuales sobre si el derecho positivo, el pensamiento liberal y no sé cuantas cosas para el discurso y la cháchara, sino sobre la practicidad de la justicia.
No voy a entrar en el difuso camino de la discusión religiosa o de corrientes del pensamiento sobre este tema: aquí de lo que se trata es de aplicar justicia, de castigar y de proteger a nuestros pequeños. Sí una y diez mil veces a la pena de muerte para violadores.
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