Así se desprende de un reciente pronunciamiento del propio vicepresidente Germán Vargas Lleras sobre el particular, pero que ya había sido puesto en conocimiento por líderes de sectores gremiales del país como Juan Martín Caicedo Ferrer, de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, quien desde hace varios meses viene señalando que en varias gobernaciones y alcaldías del país, los pliegos de condiciones son chalecos, las licitaciones son un chiste y la selección objetiva un cuento chino, por su direccionamiento evidente.

En varios departamentos los contratos se han adjudicado prácticamente a dedo o a un único proponente de manera descarada, según lo estableció dicha cámara gremial. Lo aberrante que ha conocido el país frente a lo que ha sucedido con la alimentación de los niños del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la alimentación y transporte escolar parece ser la punta del iceberg de todo lo que tiene que ver con las obras físicas, construcciones de escuelas y megacolegios, pavimentación y mantenimiento de vías, acueductos veredales o insumos para el sector hospitalario regional es la verdadera cereza del pastel y donde los mandatarios más anuncian inversión que darán a sus “socios” empresarios o políticos.

Es la Auditoría General de la República la entidad que ha estudiado con más juicio esta situación y comienza a ponerla a la luz pública esa maraña de empresas, empresarios y políticos que han echado mano a la platica de todos.

Esa capacidad de contratar desde alimentación escolar hasta la pavimentación de una vía secundaria o terciaria, es lo que les permite moverse con relatividad tranquilidad entre la engorrosa metodología y paquidérmicos procesos gubernamentales. Según esa entidad de auditoría, la nada despreciable suma de ocho billones de pesos quedó en manos de 78 redes, que conformaron uniones temporales, consorcios o unión de personas naturales.

El contratar con corporaciones, organizaciones no gubernamentales, universidades, arquidiócesis, fundaciones, sindicatos es la forma de hacer de frente el quite a la Ley 80, pues tienen ventajas tributarias, cotizan más barato y tienen menos requisitos que cualquier entidad netamente comercial. Firmando con ellas contratos interadministrativos, para la ejecución directa o poder subcontratar.

Otra forma en que las nuevas mafias y corruptos se han tomado la plata del erario es por su participación o presencia en juntas directivas de empresas, de entidades gremiales, como cámaras de comercio, cajas de compensación, universidades, corporaciones autónomas, etc, desde donde hacen alianzas y se nutren de información para poder manejar las nóminas y tener acceso a información privilegiada. Casi siempre, tienen, además, familiares o socios en la administración pública o en una corporación, desde la cual poder contratar y cerrar el círculo corrupto.

Hay que estar muy atentos y continuar el seguimiento que ya inició sobre estos ladrones de cuello blanco que refinaron la corrupción en el Tolima y otros departamentos, para hacer la denuncia pública.