por parte del Juez 38 de conocimiento, contra los primos Nule, a quienes condenó a la exigua pena de noventa meses, por haber desfalcado en más de sesenta y seis mil millones de pesos al Distrito Capital.

Es posible que esta mínima pena sea reducida por trabajo, estudio u otras de esas trapisondas que contempla el sistema de justicia colombiano para los delincuentes de “cuello blanco”.

Aunque también se puede aumentar la misma por condenas de otros delitos que no se han fallado todavía, queda la sensación de que se favoreció a los mayores desfalcadores del Estado en toda su historia.

La Fiscalía argumentó que gracias a los testimonios de los Nule se pudo vincular a Samuel Moreno en este proceso, pero no hay duda de que se actuó con laxitud, contrario a lo que se ha hecho en otros casos recientes que resultan inconcebibles.

Por  ejemplo la condena a cuatro años de prisión a Víctor Alfonso García, por haberle tocado las nalgas a una dama. Uno se pregunta si los Nule metafóricamente no pellizcaron, tocaron, ultrajaron y hasta violaron a la coqueta Bogotá. Otro ejemplo es el de Mauricio Peña Hernández, quien recibió una condena de 36 meses por haber pagado una arroba de papa con un billete de cincuenta mil pesos falso.

Los anteriores ejemplos entre miles, muestran las inconsistencias del sistema legal colombiano que no tiene una lógica en la aplicación de las penas.

En esta ocasión uno de los mayores delitos de la historia quedó convertido en un delito menor y todo por la institucionalización de la figura de la colaboración con la justicia, más conocida popularmente como el “sapeo”.

Con este fallo el Juez 38 pareciera darle la razón a la tesis de Miguel Nule de que “La corrupción es inherente a la condición humana”.

Ahora se puede agregar a esa frase lapidaria otra premisa evidente: “la impunidad es connatural a una justicia venal” y eso es lo que ocurre en nuestro país donde existen múltiples formas para justificar crímenes contra el pueblo, como el cometido por los Nule.

Es hora de eliminar  del imaginario colectivo el concepto de que la corrupción es un mal que no se puede evitar y que solo podemos “reducirla a sus justas proporciones”, como lo proclamara el expresidente Turbay. Este es el reto que la democracia debe asumir: o se erradica definitivamente en todas sus manifestaciones o sucumbimos como un estado de derecho.