Cómo aplicar la ley a un esquizofrénico

19 Jul 2016 - 5:01am

Cómo aplicar la ley a un esquizofrénico

Publicada por
GEORGE WALLIS
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En un país acostumbrado a todo tipo de barbarie, uno de los delitos que más conmovió a la opinión pública en 2014, fue el perpetrado contra Natalia Ponce de León. Como se recordará, Natalia fue quemada en su rostro con ácido, sufriendo lesiones permanentes que no han logrado erradicarse tras varios años de cirugías plásticas.

El hecho tuvo tal impacto en la sociedad que el Congreso de la República tomó cartas en el asunto. En efecto, a principios de 2016 se promulgó la Ley de víctimas de ataques con ácido y agentes químicos. De acuerdo con esta ley, la pena para responsables de ese delito subió de 251 a 360 meses de prisión.

Pero, si el ataque causa deformidad o daño permanente en la víctima y si el crimen produce deformación del rostro, la pena aumenta hasta en una tercera parte. Al delincuente del caso Natalia, Jonathan Vega, le habrían esperado entonces, en estas nuevas condiciones legales, al menos cuarenta años de prisión.

Sin embargo, el juicio que se adelanta contra el agresor, acaba de revivir muchas inquietudes, al alegarse que Vega no es delincuente sino enfermo. Esto ocurre cuando la defensa anuncia que citará a varios médicos psiquiatras, que darían testimonio de que el agresor sufre una enfermedad mental y que por tanto no debería ser tratado como un delincuente, sino como un enfermo.

El abogado Abelardo de la Espriella, apoderado de Natalia Ponce, argumenta al respecto: “Si está tan loco, por qué no dejó que Medicina Legal le practicara un examen psiquiátrico”. De otra parte, un concepto de Medicina Legal aclara que: “Por sí sola, la esquizofrenia paranoide no lleva a una persona a cometer un delito, porque quienes padecen la enfermedad saben cuándo una conducta es buena o no”. Mientras la justicia decide quién tiene la razón, si los acusadores o los defensores, vale la pena reflexionar de manera general en el tema.

En realidad la gran mayoría de los crímenes cometidos contra la integridad física o sicológica de otra persona, requieren de un delincuente en dudoso estado de sanidad mental. Pero en todos los casos ciertamente dolosos, y en mi concepto el de Vega sí lo fue, ameritan la cárcel. Reitero, me faltan quizás elementos de juicio y para ello están los jueces.

Si el caso fuera fallado como enfermedad mental, el Estado debería cumplir con la Constitución y dictar estrictas medidas preventivas contra este tipo de delincuentes que ponen en peligro a toda la sociedad. El tema no es solo de preocupación local. En otros países, también preocupan y los supuestos enfermos son tratados con sorprendente severidad.

En los Estados Unidos, por ejemplo, varios enfermos mentales especializados se encuentran presos en cárceles diseñadas para ellos.

Este artículo obedece a la opinión del columnista. El Nuevo Día no responde por los puntos de vista que allí se expresen.