Hace tres o cuatro decenios existían en Ibagué reglamentaciones urbanísticas que buscaban preservar el orden y la estética en la capital del Tolima. No que en esa época no se hubieran cometido graves pecados contra la memoria histórica y urbanística como la demolición del Colegio de San Simón o la Estación del Ferrocarril y la remodelación del Banco de Bogotá, pero al menos en Planeación Municipal se exigían elementos básicos como la altura de las edificaciones, el diseño de las mismas, el material usado en la construcción y la dotación que debían tener las construcciones.
Se recuerda el gran debate suscitado entre arquitectos e ingenieros por la autorización otorgada a Almacenes Tía para construir una enramada en pleno centro de la ciudad. De allí en adelante comenzaron a relajarse las exigencias con argumentos como la temporalidad de los montajes y la necesidad de brindar puestos de trabajo; para no mencionar razones más prosaicas, como el amiguismo y los incentivos a quienes deben autorizar las licencias y permisos.
Así se dio vía libre al desorden y al caos, pues elementos esenciales como paramentos, reglamentos de las urbanizaciones y de las zonas, exigencias en temas como parqueaderos, accesos y dotaciones se echaron por la borda al punto que ahora cualquiera hace lo que le da la gana, y la necesaria disciplina que debe imperar en asuntos urbanísticos es cosa del pasado.
Basta hacer un recorrido por los barrios que han sido degradados a punta de incentivos económicos o el inexcusable aspecto adquirido por el centro de la capital del departamento, repleto de caidizos, enramadas y bodegas sin ningún valor arquitectónico, estético o funcional que, eso sí, ostentan las debidas licencias en las que se registran obligaciones tales como número de parqueaderos por construir o pisos a levantar que nunca se cumplen y que se pueden observar desde los mismos ventanales de la Alcaldía municipal.
Da pena ver la ciudad amada degradada por la indolencia y la corrupción.
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