Tal vez resulta más importante velar por los contratos que han de gestionarse y ejecutarse sin control alguno o supervisar que la cuota burocrática correspondiente crezca en lugar de menguar o preparar el terreno para las próximas elecciones de concejales, alcalde y gobernador con canonjías y prebendas. Como lo decía la ya vieja sentencia: “Es la diferencia entre quienes se preocupan por la próxima generación y los que no ven más allá de la próxima elección o el más inmediato negocio”.
En los últimos meses en las páginas de este rotativo se ha registrado la voz angustiada de las comunidades y la aislada de algunos columnistas sobre hechos que afectan y han de afectar, por generaciones, a los habitantes de la capital del Tolima. El reclamo no ha merecido el pronunciamiento de quienes tienen a su cargo el cuidado de tan vitales asuntos; si acaso la displicente opinión de las autoridades ambientales y el silencio casi unánime de los organismos de control aquejados, además, de una parálisis incurable.
Los hechos enunciados sin pretender ser exhaustivos son: el arrasamiento de los terrenos contiguos a la Fiscalía en el que no solo se taló inmisericordemente la vegetación y se han asolado cualquier vestigio de colinas o accidentes del terreno.
Zona del Vergel donde la administración municipal pretende vender a especuladores de terrenos los lotes cedidos por los urbanizadores para la construcción de parques y zonas verdes.
Avenida 19 en la que la comunidad ha librado por lustros una lucha para conseguir la construcción de una doble calzada y observa, con pasmo, cómo una parte de ellos se prepara para una urbanización y otras continúan invadidas por negocios proscritos en los alrededores de centros educativos.
Negociación del único pulmón que le resta a Ibagué, por medio del cual se purifica la atmósfera, se regulan las aguas que bajan de la montaña, se ventilan los barrios adyacentes y se morigera el clima de la región. Todo pese a que el Ministerio de Cultura determinó que la Granja San Jorge y las 130 hectáreas que la rodean son un bien cultural de carácter nacional por lo que ha sido declarada Monumento Nacional. El estupor crece cuando se conoce que el bien ha sido vendido a una compañía constructora, que la intermediaria ha sido una concejal (ya vinculada a otra poco clara transacción de finca raíz) y que la Secretaría de Planeación estuvo enterada del negocio y no dijo ni pío.
Desaparecido El Chapulín ¿Quién podrá ayudarnos? Pues hasta los ambientalistas no han musitado, los de la Universidad del Tolima (a pesar de que en la Granja se dictaron las primeras prácticas de Agronomía y Veterinaria) parece que están de vacaciones o las fuerzas las tienen concentradas en lo que pueda ocurrir en Cajamarca en el 2022 (cosa que no sobra)
Solo aparece una voz en el desierto burocrático: la Procuraduría Ambiental y Agraria que al menos recuerda el fallo del Tribunal Administrativo con relación a los cerros nororientales y noroccidentales de la ciudad y advierte sobre los peligros que se ciernen de no actuarse de inmediato.
Claro que no podemos olvidar la imperecedera frase de la autoridad ambiental de la región: “No nos podemos oponer al progreso”. ¡Cipote genio! diría el costeño.
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