Como la amnesia colectiva no es dolencia exclusiva de la comunidad tolimense sirve refrescar la memoria sobre las circunstancias observadas en otros departamentos en los que, con el concurso del voto popular, la sociedad se practica, sucesivamente, un harakiri político verdaderamente inexplicable. No sobra resumir uno en particular, ya que por estos lares se han hecho intentos de trasplantar algunas semillas de tan particulares invernaderos.
Vale analizar lo que acontece en el otrora floreciente y cívico departamento de Valle del Cauca, para el que se anuncian como fijos contendientes para la Alcaldía de Cali y la Gobernación a Angelino Garzón y Dilian Francisca Toro.
Sobre el exvicepresidente y su zigzagueante línea política parece haber suficiente ilustración, desde cuando fungía como líder sindical hasta cuando recaló en la vicepresidencia tras profesar las más disímiles afiliaciones políticas.
En cuanto hace a la inexorable candidata a la Gobernación su árbol genealógico-político muestra un entramado que tiene por común denominador un desprecio colectivo por la Constitución y la Ley y un inclinación por el abuso y el despilfarro de los recursos del erario.
La médica, quien fuera concejal y alcaldesa de su natal Guacarí, luego fue Secretaria de Salud del Valle y cuando su esposo, Julio César Caicedo Zamorano, tuvo líos con la justicia y se vio obligado a dejar los avatares políticos, saltó a la palestra, ya no como liberal sino como fundadora del Partido de la U.
La gran votación obtenida para el Senado la llevó a ser elegida presidenta de la corporación, donde tuvo oportunidad de posesionar a Álvaro Uribe y ser la promotora de la tristemente célebre Ley 100. Finalmente renunció a la dignidad cuando fue acusada por la Corte Suprema por lavado de activos, tras la compra de varias propiedades al reconocido miembro del Cartel de Cali Víctor Patiño Fómeque. Por este proceso estuvo detenida varios meses hasta cuando la Fiscalía la liberó por vencimiento de términos, aunque el proceso continúa. Desde comienzos del siglo tiene un férreo monopolio sobre las instituciones y los presupuestos de salud del Valle, Risaralda y Caldas.
Su grupo político fue fundado por el exsenador Carlos Herney Abadía, quien perdió su curul en el Proceso 8000 acusado de enriquecimiento ilícito. Su hijo y heredero Juan Carlos Abadía, concejal y diputado, fue elegido gobernador en una elección en la que corrieron ríos de dinero y en cuyo mandato se despilfarraron 38 millardos de pesos de la Corporación Autónoma Regional CVC y comprometió 650 millardos de pesos de vigencias futuras de la gobernación, hasta cuando fue destituido y sancionado por 10 años para ocupar puestos públicos. En su gestión contó con el apoyo de su copartidario, el controvertido exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien también fue destituido y ha estado detenido en diversos establecimientos carcelarios del país.
Como se puede observar los méritos de la candidata, su familia y su grupo político la proyectan hacia muy altos menesteres, por lo que no resulta del todo incomprensible su éxito electoral.
Vale la pena acotar que de ese mismo combo hacía parte un sujeto llamado Juan Carlos Rizzeto, quien fue el último recomendado en elecciones por Pompilio Avendaño.
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