Tras 17 años de negociaciones en el 2007 se llegó a un acuerdo entre Colombia y Venezuela de limitación de aguas marinas y submarinas en el Golfo de Coquivacoa. Así lo aseveran el expresidente Uribe y Pedro Gómez Barrero, integrante de la comisión colombiana en las conversaciones. El acuerdo alcanzado le fue entregado a Hugo Chávez en una reunión en La Guajira colombiana siendo Canciller venezolano Nicolás Maduro.
Intempestivamente y sin aviso el gobierno venezolano establece unas zonas de protección militar en todas las áreas marítimas limítrofes, entre las cuales se encuentran las colombianas y en ellas se hace caso omiso del acuerdo mencionado. Igual ocurre en el Esequibo.
La poca amistosa e ilegal determinación antecede en unas horas al anuncio de Tibisay Lucena, la presidenta de la autoridad electoral venezolana, en la que da cuenta de la fecha de las elecciones para integrar la Asamblea de Diputados y los términos y cronogramas que regirán las cruciales elecciones, que en algunos sectores ya se daban como postergadas en el presente año.
La fecha coincide con el aniversario de otras que llevaron a Chávez al poder y serán el 6 de diciembre. Por cierto, para agosto ya han de estar inscritas las listas y la campaña ha de realizarse entre el 13 de noviembre y el 4 de diciembre.
Como el gobierno de Maduro no las tiene todas consigo, por razón de la crisis económica y social en la que ha sumido al país vecino no demora en irse conociendo toda suerte de elementos motivacionales entre los que, como es usual, el tema de Colombia, sus habitantes y gobiernos pasados y presentes han de servir de lema de campaña e inspiración para las burdas y estrafalarias peroratas de Maduro, Cabello y compinches.
Conocido el cronograma es de esperar que la oposición venezolana deponga diferencias y marche unida a elecciones en una oportunidad que se antoja histórica para producir el relevo de la incompetente y zafia camarilla que malgobierna a los vecinos.
De paso el gobierno colombiano debe usar todos los instrumentos disponibles para obligar al gobierno de Maduro a recoger el estropicio y acogerse a lo acordado.
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