Los acuerdos alcanzados en La Habana apenas comienzan a ser digeridos y se requerirá de grandes dosis de pedagogía para que el gran público se los apropie y, más importante, los acepte, apruebe y vele por su aplicación.
Algunos de los protagonistas en la configuración de las herramientas de justicia transicional y demás acuerdos han iniciado con buen paso esta indispensable tarea que requiere de claridad meridiana. Por la misma razón personajes como los exmagistrados Cepeda y Henao, los generales Mora, Naranjo y Flórez y los mismos comisionados Jaramillo y De la Calle deberán dedicar gran parte de su tiempo a tan ineludible tarea.
Para algunos el asunto es básico y sencillo pues quedan contentos con la finalización de las hostilidades y el establecimiento de penas, sanciones y obligaciones a quienes participaron en los más ominosos crímenes a lo largo de los últimos decenios.
Sea cual fuere el color del uniforme que portaban o si su participación consistió en el apoyo y financiación de las oprobiosas acciones. Por cierto, aunque algunos no lo estimen así, no puede nadie alegar que el honor de algunas instituciones puede menoscabarse cuando han sido algunos de sus integrantes los que las han deshonrado, ya que no pueden llamarse actos de servicio a los cometidos por oficiales que violaron y asesinaron niños en Arauca, fusilaron a quemarropa a una familia en Potosí, Cajamarca, o estuvieron involucrados en más de 3 mil 500 asesinatos en los llamado “falsos positivos”.
De otro lado, debe proceder la justicia a determinar si en el país existen ciudadanos inimputables y puede prosperar la idea de que algunos puedan eludir la ley con el hecho de salir del país con el aplauso de sus conmilitones u otros puedan desenfadadamente ir por ahí lanzando infundios y mentiras sin hacerse responsables del efecto de sus acciones y sus palabras.
Un ejemplo claro de lo último ocurre con el senador Uribe quien en su cuenta en redes sociales publicó una falsa noticia acerca de supuestos titulares del Daily News en los que se censuraba el acuerdo de La Habana, unos días atrás había aseverado tener pruebas de que el accidente del helicóptero en el que perecieron 17 policías había sido obra de las Farc (ya la constructora de las aeronaves publicó el informe técnico que lo niega) y meses atrás alegó tener pruebas de que la campaña electoral del presidente Santos había recibido 12 millones de dólares de mafiosos, para luego ir a la Fiscalía y argumentar que solo lo sabía de oídas.
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