En esta patria inmortal en ocasiones produce más escándalo y reacción un asunto baladí como el de la Miss Universo despojada o el nombre impostado de una contratista de la Fiscalía que lo que de verdad debería mover a la protesta ciudadana y la indignación generalizada.
Las muertes de niños por inanición son uno de estos últimos. ¿Cómo puede soportarse que un país permita que sus niños mueran de hambre y falta de atención mientras millardos de pesos destinados a atender esas necesidades caenen manos de bandas y clanes que se apropian impunemente de los recursos y, de contera, los utilizan para ampliar su poder político y extender su compra de conciencias?
El caso de La Guajira es emblemático. Allí las condiciones en que vive la población deberían provocar la vergüenza y el rechazo de los gobiernos y la población colombiana. No hay agua, sin agua no hay vida, ni cultivos ni producción alguna, ni animales para contribuir en la dieta, por lo que de esa manera los más vulnerables son víctimas propicias de la desidia y la corrupción que se ensaña, en particular, con los viejos y los niños wayúu de la alta Guajira.
En 2014, dicen las estadísticas, murieron 47 niños por deficiencias alimentarias, en 2015 fueron 37 y en lo que va de 2016 ya van cuatro de los 10 muertos por la misma razón en el país y en los hospitales de Barranquilla hay tres más en estado agónico.
Un estudio de la red de veedurías de la zona alta de La Guajira, donde habita el 25 por ciento de la población de ese departamento encontró cuatro mil personas en situación vulnerable, de las cuales, la mitad, no tiene acceso a salud, menos a educación y ni siquiera aparece registrada. Más de 650 de ellos presenta un enorme déficit alimenticio y los cálculos hacen presumir que cerca del 70 por ciento de la población indígena de la región registra enormes deficiencias en su alimentación.
En tanto se revela que los recursos del Icbf destinados a atender este segmento de la población se despilfarra, es objeto de saqueo o se utiliza en alimentos deteriorados o insuficientes. Más grave aún, las bandas que así proceden, cuando son detectadas y sancionadas, mutan de nombre o modifican levemente su razón social o composición accionaria, para aparecer en otras regiones con los mismos métodos y las mismas perversas consecuencias.
Si bien esta vergonzosa situación aparece más visible en La Guajira, no deja de multiplicarse en otras regiones con devastadores efectos y similares conductas.
Tales acontecimientos se convierten en un verdadero motivo de censura y reclamo, pero lo que más indigna es la impunidad en la que se mueven los reconocidos saqueadores que ni siquiera reciben sanción política o social.
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