Colombia ha sido territorio de migraciones desde la primera mitad del siglo pasado. La primera ola tuvo lugar al comienzo de la bonanza petrolera de Venezuela, por la cual miles de compatriotas acudieron al país vecino ante oportunidades de trabajo que no encontraban en su patria. La segunda, fue ocasionada por el genocidio de mitad de siglo, ya que a más de los enormes desplazamientos internos, se produjo también una migración forzada; de nuevo Venezuela fue una de las mayores receptoras, a la que se unieron Estados Unidos, España y, en alguna medida, Canadá. Las diferentes violencias que se sucedieron después acentuaron el desplazamiento y la migración, y a los destinos mencionados se sumaron Ecuador, Chile, Argentina, Panamá y dos o tres países europeos.
Mal que bien a desplazados y migrantes se les ha brindado acogida, han encontrado cobijo, han logrado la subsistencia y miles han podido rehacer sus vidas (no todos, por cierto). No se puede decir que todo ha sido un lecho de rosas, como no lo es ningún exilio ni cuando alguien ha sido forzado a abandonar su tierra, su familia y sus costumbres; pero dentro como fuera del país cientos de miles de colombianos han podido paliar los sinsabores y amarguras del exilio.
Por diversas circunstancias económicas, políticas y, ahora, geográficas se observa una reversión de los flujos. La catástrofe de Venezuela ha llevado a colombianos a regresar y a venezolanos a encontrar cobijo en suelo colombiano. De otro lado, las crisis y conflictos en diversas partes del mundo han hecho que la situación estratégica de Colombia la convierta en paso obligado para africanos, asiáticos, haitianos y cubanos, cuya aspiración final es llegar a Estados Unidos.
Con diversos grados de irregularidad el flujo había sido constante, lo que movió a diversos grupos ilegales a participar en el tráfico de los migrantes. La situación ha sufrido radical empeoramiento a partir de la decisión de Panamá de cerrar la frontera, lo que ha hecho que en las regiones limítrofes con el Istmo se hacinen miles de migrantes, en condiciones francamente deplorables, que se han paliado más por el auxilio de los vecinos de los lugares que por una acción decidida del gobierno colombiano.
Aduce la Cancillería que ninguno de los hacinados ha solicitado refugio y apenas 84 se han acogido a la deportación voluntaria y que existen claras disposiciones legales respecto de la presencia y tránsito de extranjeros por el país. Lo que no deben olvidar el Gobierno y los colombianos es que son seres humanos que pasan por las mismas penurias que un día aquejaron (y todavía aquejan) a miles de colombianos y que es de justicia brindar una mano amiga a los miles que pretenden encontrar un mejor futuro. Tal vez la opción de deportación voluntaria les permita llegar en mejores condiciones a lugares donde puedan reanudar su marcha, pues queda bien claro que, a excepción de los venezolanos, ninguno de los otros quiere o pretende permanecer en Colombia.
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