lo largo de la campaña del plebiscito y tras la conmoción producida por el resultado de lo consignado en las urnas el ciudadano habrá podido detectar un enorme vacío en el debate, pues si se contrasta lo registrado en los diferentes medios parece como si en el holocausto vivido por la guerra padecida por más de setenta años solo hubiese existido un perpetrador.
Nadie puede negar las oprobiosas acciones cometidas por las Farc (que fueron muchas y terribles) pero solo tangencialmente se mencionan las igualmente perversas de paramilitares, bandas criminales, narcotraficantes, miembros de las Fuerzas Armadas y policía a más de numerosos ciudadanos que se aprovecharon del tráfago para cobrar venganza, incrementar sus propiedades o eliminar a quienes no compartían sus preferencias políticas.
Todas las conductas mencionadas tenían cabida dentro de las consideraciones registradas en el acuerdo derrotado en las urnas el pasado domingo y que si los hados son propicios (y hacemos votos porque se concrete esa leve esperanza) serían reconsideradas en unas nuevas conversaciones con el grupo insurgente.
Por cierto, y aunque muy pocos lo registren han de ser las Farc las más interesadas en que el Centro Democrático y su jefe el senador Álvaro Uribe participen activamente en los nuevos diálogos. No puede ser de otra manera, pues si existe alguna coherencia y equidad en el ejercicio político, las condiciones de un acuerdo con las Farc tendrían que ser similares a las establecidas en el acuerdo con las AUC definido en el anterior gobierno.
En efecto, para esos acuerdos no hubo plebiscito, de reparación a las víctimas y restitución de tierras expropiadas a los campesinos no se tiene memoria (lo que viene a la mente son episodios como los ocurridos en Córdoba con el contubernio del Fondo Ganadero, empresas reforestadoras y palmicultoras, notarías, oficinas de registro, y apoyo de la fuerza pública al despojo), de dejación de armas solo se supo de montajes con armas hechizas o proporcionadas por narcotraficantes.
En cuanto hace a pagos del gobierno a los desmovilizados corresponden al doble de lo que se había acordado para con miembros de las Farc (hay que recordar que el ministro de Hacienda de entonces era Óscar Iván Zuluaga) y que la mayoría de los integrantes de las bandas hoy hacen parte de bacrim, oficinas de cobro, clan de la U, urabeños, rastrojos u otras denominaciones y a los que fungían como líderes solo se les extraditó cuando amenazaron con confesar sus vinculaciones con ciertos personajes de la vida nacional (allí los han condenado por narcotráfico mas no por los millones de víctimas derivadas de su accionar) y de la verdad no quedó ni el compromiso.
El Señor nos coja confesados.
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