El tema de la administración de la salud en Colombia es bastante complejo. Para nadie es un secreto que el sistema regido por la Ley 100 de 1992 y que estableció la prestación de salud a través de las EPS, colapsó hace tiempo y se ha llevado una buena cantidad de recursos en casos de corrupción como el desfalco de Saludcoop, quizás el más grande en la historia de los robos en el país, y los malos manejos administrativos de los hospitales municipales, en donde los “pillos” disfrazados de gerentes, logran sacar tajada de los dineros de la salud.
Esta semana, la Asamblea inició una ronda de debate de control político a los hospitales de primer y segundo nivel del Departamento, los cuales han estado en el ojo del huracán a raíz de cuestionamientos hechos, en donde se evidencian irregularidades. Ninguno de los representantes de los hospitales que pasaron al tablero de los asambleístas, llenaron las expectativas en la Asamblea. El caso del hospital de Líbano quizás ha sido el más sonado y viejo, pues desde hace tiempo y como lo hemos advertido en EL NUEVO DÍA, es objeto de innumerables críticas a raíz de la tercerización de varios de sus procesos, las contrataciones a dedo en temas de logística, abastecimiento de medicamentos, aparatos médicos, y hasta fotocopias en las que se gastan 30 millones de pesos anuales y sin aparente justificación. Como si fuera poco, la Procuraduría acaba de abrir investigación al gerente Manuel González Cantor, quien ni corto, ni perezoso expidió una resolución para encargar la gerencia a otra persona mientras él tomaba vacaciones. Por el mismo camino están los hospitales San Juan de Dios en Honda, el cual absurdamente gasta 200 millones de pesos en servicios de jardinería al año; el Hospital de Lérida en donde se supo que hay más asesores externos que médicos y enfermeros; el hospital San Juan Bautista de Chaparral, gerenciado por Diana Buenaventura, hija de Carlos Eduardo Buenaventura, ex funcionario de la administración seccional, quien debería ser auditada por el acucioso Contralor departamental, para que explique por qué pago 21 millones de pesos a un ginecólogo por trabajar 22 días y 28 millones a un ortopedista por laborar 17 días. Cómo entender la tercerización de procesos misionales en el hospital San Rafael de El Espinal por más de ocho mil millones de pesos. También, el Hospital La Candelaria de Purificación recibió cuestionamientos, pues aún tiene faltantes en sus arcas y el presupuesto al parecer inflado no cuadra con lo facturado, ni con las cuentas del gerente. Aquí otro cuestionamiento que genera suspicacias y vale la pena es la relación de parentesco que tiene una trabajadora del hospital y quien maneja varias áreas del mismo, con Iván David Hernández, exgerente del Hospital Federico Lleras, actualmente investigado por los malos manejos que le dio a este centro hospitalario durante su paso.
A pesar de que no es competencia de la Asamblea entrar a fondo en los procesos fiscales o hallazgos que pudieran salir a flote en esta ronda de debates y sesiones de control político, sí le corresponde en primera medida al Contralor departamental Edilberto Pava, garantizar que respondan por cada peso gastado sin sustento, y al Gobierno departamental responder si es el caso, por los nombramientos hechos en algunos de dichos hospitales, los cuales generalmente terminan respondiendo a amiguismos y movimientos políticos.
¿Será que es una utopía q se pongan la mano en el considere y realicen concursos de méritos sin manipulaciones, para elegir a quienes gerencian los recursos de la salud de los tolimenses y que estos lo hagan con total transparencia y sin tener que pagarle favores a nadie? ¿Por qué la gerencia interventora del Federico Lleras sigue sin ponerle la cara a los diputados? ¿Pueden confiar los tolimenses en que el Contralor Pava hará bien su trabajo en estos casos?
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