Galilea es el último bosque de niebla que le queda al Tolima. Este ecosistema húmedo tiene una extensión aproximada de 33 mil hectáreas en jurisdicción de los municipios de Villarrica, Dolores, Prado, Purificación, Cunday e Icononzo.
Hasta hace pocos años, se tenía mínima referencia del bosque de Galilea y la razón principal es que la desmovilizada guerrilla de las Farc convirtió esta región en un corredor “estratégico” para ir a los departamentos de Huila, Cundinamarca y Meta. En esas condiciones por allá, “nadie se asomaba”.
Una expedición de 19 expertos de diferentes especialidades y universidades, liderada por Cortolima, se adentró durante cuatro días en el bosque de Galilea. Los expedicionarios encontraron que este ecosistema no sólo es una fábrica de agua donde nacen ríos y quebradas que surten municipios y acueductos veredales, incluyendo la represa de Prado, sino, que además identificaron una rica y variada riqueza en fauna y flora: siete especies de aves que se encuentran bajo amenaza, dos especies endémicas, cinco especies migratorias y cuatro especies que no estaban reportadas en el departamento. También lograron identificar tres especies de primates, entre ellos, el ‘mono Churuco’, una especie también en riesgo; Oso Andino y felinos que sólo habitan en este tipo de ecosistemas.
Galilea volvió a “sonar” hace pocos años, cuando los habitantes de Dolores advirtieron sobre la presencia de maquinaria y personal de la multinacional Petrolera Petrobrás, que adelantaba actividades exploratorias para determinar la presencia de hidrocarburos en el subsuelo. La empresa se ampara en los permisos otorgados hace buen tiempo por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales Anla.
Cortolima, apoyado en un gran movimiento ambientalista que se conformó en la región, sostiene que la única herramienta para proteger este ecosistema es la Declaratoria de Área Regional Protegida que detendría una futura etapa de explotación petrolera.
La discusión está en manos de las entidades del Gobierno nacional. Ahora más, tras el fallo de la Corte Constitucional que ratificó, a finales del año pasado, que las consultas populares no pueden frenar la explotación minera y petrolera. El Estado, basado en argumentos técnicos, deberá decidir si preserva la biodiversidad del bosque de Galilea sin la presencia del hombre; o si permite la explotación futura de hidrocarburos con el argumento que las dos actividades pueden coexistir. En todo caso, esas discusiones deben estar soportadas en estudios científicos concluyentes y no “a los gritos”, como hasta ahora han sido las relaciones entre ambientalistas y promineros.
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