La señora Edy Fonseca, de 51 años, trabajadora de un edificio en Bogotá, denunció que fue sometida a un trato de esclava durante cerca de un mes. Su caso se puso al descubierto porque su estado de salud se deterioró, y debieron trasladarla de emergencia a una clínica. Según su abogado, permaneció 25 días encerrada en el edificio, donde cumplía labores de aseo, vigilancia y portería, en unas condiciones físicas precarias: debía dormir en un sótano, su jornada laboral comenzaba a las 6 de la mañana y se extendía hasta las 9 de la noche; le daban quince mil pesos diarios para sus tres comidas, no le permitieron ir a su casa durante ese tiempo y cuando debió salir por razones de salud, perdió su trabajo.
Esta historia despertó la indignación de muchos colombianos que mostraron su repudio con las difíciles circunstancias que debió enfrentar la señora Fonseca. Ante la profusa divulgación del hecho por parte de los medios de comunicación y las redes sociales hubo una rápida reacción de las autoridades, y se expuso la comisión de múltiples infracciones a la ley como secuestro, lesiones personales, constreñimiento ilegal, contratación ilegal de servicios de vigilancia, trabajo esclavo y explotación laboral, por parte de sus empleadores.
Sin embargo, este no es un caso aislado, ya que la explotación laboral es habitual en nuestro país. Y no se trata de falta de leyes, porque las hay, y en exceso. Esta es solo una muestra de las precarias condiciones en que deben laborar millones de colombianos que, ante las condiciones de pobreza y de falta de oportunidades laborales, se ven obligados a aceptar trabajos en condiciones indignas: mujeres contratadas para desempeñar labores domésticas y aseadoras que deben cumplir agotadoras jornadas de hasta 18 horas, sin derecho a recibir un pago adicional, con ingresos inferiores al mínimo, sin seguridad social y sin ningún tipo de protección; trabajadores de sectores del comercio en donde pagan a sus empleados por día laborado, sin horario y sin derecho a seguridad social; empresas que contratan de manera temporal a vendedores por intermedio de terceros y les pagan por comisión, con un básico ínfimo; satélites de confecciones donde elaboran prendas para grandes empresas y les pagan a sus trabajadores a destajo, es decir, por unidad producida, con lo cual el operario se ve en la obligación de doblar o triplicar su jornada si quiere obtener un ingreso medianamente decente, sin contar lo que sucede en el campo y en el sector de la minería. Existe un agravante adicional: muchas de esas personas carecen de contrato o vínculo legal con sus patronos, con lo cual quedan por fuera del alcance de las normas existentes en favor de los trabajadores.
A riesgo de parecer pesimistas es preciso señalar que, a pesar de la existencia de garantías en el papel, las condiciones de los trabajadores continuarán empeorando. Ahora, con el pretexto de la crisis es muy factible que se imponga la reforma laboral que tenía preparada el gobierno de Iván Duque, y que en su momento desencadenó protestas de diversos sectores que la consideran lesiva para los intereses de la clase trabajadora.
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