La Corte Suprema de Justicia falló a favor de un grupo de ciudadanos, entre los que se encuentran docentes de las universidades del Rosario y los Andes, defensores de derechos humanos, estudiantes y periodistas, que solicitaron garantizar los derechos a la defensa, la libertad de expresión y a la prensa, con motivo de las jornadas de protesta de noviembre del año pasado. En su decisión, la Corte determinó que existe una violación sistemática del derecho a la protesta pacífica y para llegar a esa conclusión tuvo en cuenta casos ocurridos entre 2005 y 2019.
La Corte evaluó documentos, videos y testimonios recopilados en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, en los que la Policía y, en ocasiones el Ejército, intervino de forma arbitraria. Entre las pruebas aportadas están el video de la muerte del joven Dilan Cruz, asesinado por un impacto de una escopeta de un agente del Esmad, la disolución con gases lacrimógenos de una protesta pacífica en la plaza de Bolívar de Bogotá y la golpiza que sufrió un grupo de estudiantes de los Andes.
Los principales alcances de la decisión tienen que ver con la formulación de directrices para regular las protestas y la expedición de normas para prevenir y sancionar la intervención “sistemática, violenta y arbitraria de la Fuerza Pública”, el uso inadecuado de armas, las detenciones ilegales y los ataques a la prensa.
Los contradictores del fallo sostienen que impide las acciones de la Policía para proteger los bienes públicos y de los particulares; sin embargo, esto no es cierto, porque la Corte señala claramente que el objeto es garantizar la protesta pacífica y no aquella que recurre a la violencia y el vandalismo. Tampoco ordenó suspender el Esmad, pero sí el uso de las escopetas calibre 12.
Más allá de que el fallo sea controversial o de que no se esté de acuerdo con él, es un mal precedente que el Gobierno no lo acate. El ministro de Defensa no ha ofrecido las disculpas públicas por los atropellos de la fuerza pública durante las protestas, como le ordenó la Corte; por el contrario, en tono retador manifestó que la protesta pacífica está garantizada y que los uniformados que violen la ley serán individualizados, mientras que el presidente Iván Duque sostiene que el Estado respeta la libre expresión pacífica.
¿Será cuestión de arrogancia? ¿No quieren reconocer que se equivocaron? ¿Creerán que conceder la razón a quienes exigen la reforma de la policía es síntoma de debilidad? Es evidente que los excesos de la fuerza pública no son cuestión de “manzanas podridas” como lo quieren hacer notar. No se puede generalizar, es cierto, pero algo está funcionando mal con la institución y la prueba se halla en los hechos del pasado 9 y 10 de septiembre cuando la fuerza pública no acató las órdenes de la Alcaldesa de Bogotá. El fallo de la Corte coincide, además, con lo expresado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que pidió al Estado colombiano investigar el uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad y recomendó transformarlo, fortalecer la institucionalidad de la Policía, que esta dependa del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa y restringir las actuaciones del Ejército en estas cuestiones, como lo señalan los estándares internacionales.
Lo cierto es que se está perdiendo una valiosa oportunidad para emprender las reformas que requiere la Policía para que en realidad esté del lado de los ciudadanos.
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