El Tribunal Administrativo del Tolima declaró la nulidad parcial del decreto 0823 de 2014, que adoptó la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Ibagué, y que Cortolima demandó, por considerar que la Alcaldía de la época no concertó con la corporación los aspectos que tenían implicaciones ambientales.
En su momento, la veeduría Revisar pidió anular el decreto y fundamentó sus reparos en varios aspectos, como que los datos en los que se soportó la actualización se hicieron con base en el censo de 1993 y no el de 2005, lo cual habría servido para favorecer intereses de la administración del tristemente recordado alcalde Luis H. Rodríguez.
De acuerdo con Revisar, se incorporaron al perímetro urbano 1.520 hectáreas donde la cota de agua y alcantarillado estaba por fuera de la cobertura del IBAL; esto habría beneficiado a particulares y otorgaría beneficios a las constructoras, en detrimento del crecimiento ordenado y sostenible de la ciudad.
Con esta normatividad se permitió que los curadores urbanos y los constructores aceptaran disponibilidades de acueducto y alcantarillado expedidas por los acueductos comunitarios, que las otorgaron sin contar con un estudio técnico que garantizara un servicio óptimo y eficiente.
En Piedrapintada, además, se autorizó la construcción de edificios sin restricciones de altura que están colapsando las calles y las redes de alcantarillado y agua potable. Así mismo, las cesiones obligatorias de espacio público se redujeron y pasaron de 35 al 25 %, con lo cual y primó el interés particular sobre el general. La veeduría también cuestionó que la elaboración del decreto fue cedida a terceros, sin contar con la participación de los funcionarios de la Secretaría de Planeación Municipal.
Las alarmas que encendió en aquella época la veeduría se convirtieron en realidades que evidenciamos en la actualidad: bloques de apartamentos y ciudadelas que carecen del servicio de agua potable en sectores como Alminar Samoa, gran parte de El Salado y La Arboleda, cuyos habitantes periódicamente deben recurrir a la protesta para exigir un servicio de agua permanente y de calidad. Lo más grave es que el daño ya está hecho, porque las determinaciones que se tomaron bajo el amparo del decreto durante el proceso de la demanda se encuentran vigentes.
Cortolima, como la entidad que demandó el decreto, está a la espera de la decisión que tome el municipio con respecto a si modifica solo los artículos anulados o presenta un nuevo POT. La directora de Cortolima indicó que el POT está desactualizado, por cuanto existen nuevas regulaciones ambientales fijadas por la Corporación y se mostró dispuesta a brindar asesoría en lo que requiera la administración local.
Hasta el momento no se conoce el pronunciamiento de la Alcaldía y falta saber si cuentan con el suficiente tiempo para presentar un nuevo POT antes de concluir este período del gobierno local. Lo cierto es que esta es una herramienta indispensable para planificar el crecimiento de la ciudad, de manera ordenada y con miras al desarrollo de los ibaguereños.
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