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Esta investigación buscar brindar herramientas a entidades gubernamentales y privadas para la orientación y atención de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes, con enfoque de género e interseccional y de respeto por los derechos humanos, especialmente los derechos sexuales y reproductivos (DSR).
En este diagnóstico se evidencia que las mujeres tolimenses, aún enfrentan grandes barreras para acceder a su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) tales como: el desconocimiento del marco legal, la interpretación restrictiva del marco legal (Sentencias C-055 y C-355), así como la presencia de estereotipos y prejuicios frente al aborto, estas barreras se profundizan debido a los prejuicios y al estigma que persiste frente a la prestación de este servicio de salud.
Las mujeres más afectadas por las persistentes barreras de acceso a la IVE son aquellas que viven en lugares donde el Estado no llega o lo hace de manera precaria y, portal motivo, enfrentan dificultades para materializarsu decisión de interrumpir el embarazo en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. Por ello, se hace necesario seguir trabajando en la transformación de los imaginarios socioculturales para procurar un entorno social más favorable para el reconocimiento de la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes (hombres trans y personas no binarias).
La organización Imagina1 , en alianza con La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, realizó el análisis de los hallazgos del diagnóstico del acceso a la IVE, investigación realizada en los municipios de Ataco, Ibagué, Líbano y Melgar en un periodo de 4 años (de 2018 a 2021), y entre sus principales resultados se encuentra:
• La sociedad tolimense continúa fuertemente influenciada por creencias religiosas y miedos, los cuales se convierten en obstáculos para el acceso a una educación sexual integral y a los servicios de salud sexual y reproductiva.
• Las y los profesionales de la salud entrevistados, en su mayoría, perciben a las mujeres que acceden a la IVE, como irresponsables por tener embarazos no deseados, esta visión reduccionista, contribuye a la desinformación y al estigma.
• Se logró identificar que los programas de salud sexual y reproductiva en el departamento están enfocados en prestar servicios y atención a los temas relacionados con infecciones de trasmisión sexual y en campañas sobre la prevención del cáncer de mama y de cuello uterino, lo cual contribuye que a la sexualidad se siga teniendo un enfoque biologicista que desconoce la autonomía reproductiva de las mujeres.
• Se evidenció la falta de eficiencia en las acciones desarrolladas por las instituciones competentes en la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, puesto que son evidentes las brechas de acceso a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva con los que cuentan las mujeres, niñas, jóvenes y personas gestantes del departamento, según su lugar de origen y residencia, edad, estratificación social, nivel educativo y régimen de afiliación.
• La mayoría de las y los profesionales de la salud se resguardan en el derecho a la objeción de conciencia para negar la IVE, convirtiéndose en una de las principales barreras para el ejercicio de los derechos de las mujeres.
• Las instituciones de los sectores Salud, Protección, Justicia y Educación del departamento, no cuentan con los conocimientos necesarios frente al marco legal que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, convirtiéndose en un obstáculo administrativo.
• Por su parte, las mujeres también desconocen el marco legal (sentencias C-055 de 2022 y C-355 de 2006), lo cual impide que puedan enfrentar las barreras e interponer quejas frente a las fallas de los servicios de salud.
Producto del análisis y los resultados, se recomienda que todos los sectores, en particular el sector salud, mejoren los sistemas de información y registro de los casos de IVE, así como de acceso a este procedimiento, también se insta a la difusión de información veraz y oportuna, a promover la capacitación y sensibilización a las y los profesionales de salud, así como a las y los funcionarios administrativos, para que presten servicios de salud sexual y reproductiva desde el enfoque de derechos humanos, de género e interseccional y a la implementación de las dos sentencias de la Corte (C-055 de 2022 y C-355 de 2006) en el territorio tolimense.
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